El cierre de Almaraz destruirá más de 3.800 empleos, con un impacto negativo de 207 millones en Extremadura

Metyis, una de las principales consultoras estratégicas internacionales que opera en España, ha analizado las repercusiones del posible cierre de Almaraz tanto a nivel local (27 localidades), como autonómico y nacional en términos de empleo y también de valor añadido bruto (VAB). Además, ha evaluado el impacto socioeconómico desde la perspectiva demográfica y del tejido industrial en la zona.

En este sentido, el informe recoge que la central nuclear es el principal empleador en el área de influencia con 369 empleos directos y un total de 662 de empresas especializadas que trabajan en Almaraz, también en las labores de recarga. Y subraya que se trata de un «empleo de calidad que ayuda a fijar población joven y eleva los niveles medios de renta en el entorno».

Asimismo, la central nuclear realiza compras a proveedores por importe de 239 millones de euros; trabaja con 153 empresas de servicios y 278 suministradores dependientes de la actividad de planta cacereña. «Un 4% de estas empresas», analiza Metyis, «estaría en riesgo al depender su facturación en más de un 20% de la central». En este sentido, la consultora insiste en que «la alta concentración de empleo en micro y pequeñas empresas, hace a la zona más vulnerable a un potencial cierre».

En cuanto a la contribución fiscal, se recuerda que Almaraz «aporta 435 millones en pago de impuestos y tasas de los cuales un 22% se quedan en Extremadura».

La consultora expone que el «cierre de Almaraz representa un impacto económico negativo muy significativo a nivel local, regional y nacional», que se distribuiría de la siguiente manera: en el ámbito más próximo, se destruirían un total de 2.114 empleos (un 15%), con un VAB negativo de 124 millones de euros; en un cómputo regional la pérdida de puestos de trabajo provocada por el cese de la actividad se elevaría a 3.838, con una merma del valor añadido bruto de 207 millones; finalmente, cerrar la central nuclear extremeña, operativa desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo, supondrá un VAB negativo de 829 millones para el economía nacional, con una destrucción de 15.370 empleos, según Metyis.

Pero la consultora subraya en su informe que, junto a este impacto más directo, el fin de Almaraz también llevaría consigo otra serie de consecuencias negativas para el entorno y Extremadura en general como el «debilitamiento del tejido empresarial», de modo que se producirá en el futuro un «previsible éxodo laboral y envejecimiento poblacional» de la comarca, con una «pérdida de capacidad económica de los ayuntamientos para el mantenimiento de servicios sociales».

En esta línea, el estudio se refiere a la evolución demográfica del entorno de influencia de Almaraz y apunta los efectos positivos que ha tenido la actividad de la central nuclear hasta la fecha. Así, la población residente en el área de influencia «ha disminuido menos que en la provincia de Cáceres o que en Extremadura, un 3% frente a un 5% y un 4%, respectivamente». De igual forma, hay un «mayor peso de la población menor de 40 años en comparación con el entorno».

En cuanto a la tasa de paro, Metyis recuerda que en Almaraz es del 12%, «notablemente inferior a la del área de influencia (un 15%), la provincia de Cáceres (17%) y Extremadura (15%)»

Como se ha informado, España contempla la clausura progresiva de los siete reactores nucleares operativos en cinco centrales. Está previsto que comience en Almaraz, cuya primera unidad dejará de funcionar en noviembre de 2027 y la dos un año más tarde. En 2030 se despedirán Cofrentes (Valencia) y uno de los dos reactores de Ascó (Tarragona); en 2032 el otro reactor de Ascó; y por último, en 2035 cesarán su actividad Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara), con quien Almaraz comparte empresa propietaria, Iberdrola. La planta cacereña tiene el accionariado repartido entre la mencionada Iberdrola con un 53%, Endesa con un 36% y Naturgy que cuenta con el 11%.

Hay que recordar, asimismo, que Almaraz tiene una generación anual de electricidad en torno a 16.927 GWh, suficiente para abastecer alrededor de cuatro millones de hogares y cubre alrededor del 7% de la demanda eléctrica nacional.

Estas cifras significativas son las que han llevado a comunidades como Madrid y a patronales empresariales a temer por posibles apagones en nuestro país si la menor producción no se puede compensar de forma tan rápida con energías renovables. También se ha advertido de un incremento en la factura de los consumidores al depender más en ese contexto del gas como fuente de energía, circunstancias negadas por parte del Ministerio de Transición Ecológica. El pasado miércoles, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entregó a la ministra Sara Aagesen un informe del Consejo general de colegios oficiales de ingenieros industriales en el que advierten de que «las energías renovables no son una opción madura ni competitiva para sustituir a la nuclear», y piden que se tomen decisiones sin »sesgos políticos«. También subrayan que Almaraz está técnicamente preparada para alargar su vida útil «hasta los años 2041 y 2043».