Empresas y trabajadores sufragarán los nuevos ERTE para evitar despidos en las futuras crisis

madrid. Entre los cambios de la reforma laboral con los que el Gobierno se ha comprometido ante la Unión Europea para recibir los Fondos de Recuperación se encuentra la estructura de los futuros ERTE, una vez que este año venza esta protección extraordinaria por el coronavirus. Darán paso a un «mecanismo de ajuste interno» que aporte «flexibilidad» a las empresas para que puedan desprenderse de forma esporádica de sus plantillas, pero que a la vez «garantice el empleo» de los afectados.

Los ERTE han llegado para quedarse, como viene repitiendo el Ejecutivo en los últimos meses. Pero, para garantizar su viabilidad, tendrán que ser tanto los empresarios como los empleados, así como la Administración, los que aporten la financiación necesaria. Habrá que poner en marcha un fondo público que se nutrirá con «la contribución de empresas y trabajadores» realizadas a través de sus cotizaciones en los años de crecimiento. El Estado también aportaría dinero, en buena medida gracias al fondo de Recuperación comunitario. Esa bolsa «proporcionaría los recursos necesarios para la remuneración y formación de trabajadores» afectados por las crisis venideras. Solo en el último año, el Estado ha destinado al abono de los ERTE por covid-19 casi 40.000 millones de euros.

Ese es el planteamiento que ha plasmado el Ejecutivo en el documento completo del Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas el pasado viernes día 30, pero que no fue expuesto ante la opinión pública hasta ayer. Uno de los pilares de ese programa aborda la reforma laboral y apunta a la necesidad de que los nuevos ERTE permitirán una «reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa». Se trata de una medida que permitiría «reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock».

El mecanismo que los sustituirá debería estar acordado «en el marco del diálogo social» -como especifica el documento remitido a la UE- antes de que finalice el año. Porque el Gobierno quiere que los ERTE actuales puedan extenderse hasta entonces. Y después pasar al nuevo esquema de flexibilidad que tendría «carácter permanente» en España.

Es la primera gran medida que Trabajo pondría en marcha en su reforma laboral. Para ello enumera medidas como la reforma de la negociación colectiva (ultra-actividad de los convenios, relación entre los sectoriales y los de empresa, y mecanismos de negociación si la empresa cambia las condiciones de trabajo), prevista para este año; la simplificación de los contratos (estable, temporal y de formación), incluso aplicando un «mecanismo efectivo para eliminar el abuso» de la temporalidad.

Precisamente ayer el Ministerio de Trabajo inició con los agentes sociales la negociación de la contratación. Así lo avanzaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey: «Creemos que podremos barajar una propuesta o empezar a trabajar en qué líneas de reforma de la contratación temporal hay que acometer ya en los próximos días, incluso ya casi esta misma tarde», desveló el número dos de Yolanda Díaz.

«Habrá que ver cuál es el modelo de contratación temporal resultante del diálogo social. El objetivo es que el sistema de contratación temporal asegure que las empresas usan esos contratos solo cuando hay causas que lo justifican», resaltó Pérez Rey, quien señaló que «las opciones son muchas». «El detalle concreto de cómo se articulará es todavía pronto», aseguró.

El Gobierno se ha marcado como su reforma más urgente para acceder a los fondos la del mercado laboral. La vicepresidenta, Nadia Calviño, explicó ayer que «queremos tener un acuerdo este mismo año» para que la reforma esté en marcha ya en 2022. «Se trata de una reforma muy urgente porque queremos que el proceso de creación de empleo se haga ya dentro del nuevo marco, para que deje atrás las patologías que tenemos desde hace décadas», apuntó Calviño.