Las macroplantas fotovoltaicas causan rechazo en los pueblos

Concretamente, los ayuntamientos firmantes reclaman la aprobación de un Plan de Transición Energética que incluyera la planificación territorial de los proyectos de energías renovables, con el establecimiento de áreas de exclusión. En este sentido, se solicita que en este tipo de proyectos se tengan en cuenta las consecuencias sociales para los vecinos de los municipios afectados, la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico. Según esta iniciativa, existen más de 790 proyectos que se están tramitando «sin planificación alguna».

Como ya publicó SUR el pasado 8 de febrero, la iniciativa no prosperó al rechazarse en el Parlamento andaluz con los votos del Grupo Popular, la abstención de Vox y el voto favorable del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, con un resultado de 56 votos negativos, 36 afirmativos y 13 abstenciones.

En el documento en el que el Consejo de Gobierno de la Junta mostró su criterio contrario a la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, se asegura que la protección de la biodiversidad, el paisaje y el medio natural está garantizada con la continua elaboración y revisión de las normas autonómica y que la evolución tecnológica está dando lugar a que cada vez sea más posible la coincidencia de la planta fotovoltaica con el uso agrícola. En este sentido, apuntaron que la moratoria no es necesaria ya que la superficie a ocupar por los proyectos afectan al 0,74 por ciento del territorio andaluz y al 1,53 por ciento del terreno cultivable.

Plataformas vecinales de toda la provincia han mostrado su rechazo a los megaparques fotovoltaicos. La Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce y la comarca de Antequera son algunas de las zonas en las que se han realizado manifestaciones.