Isofotón engulló más de 80 millones de euros de dinero público entre 2005 y 2012 a través de diversas fórmulas: préstamos, avales y subvenciones a fondo perdido. Esta tremenda cantidad de dinero no evitó que en 2013, la empresa de energía solar presentara concurso de ... acreedores y despidiera a todos sus empleados. Ahora un juzgado sevillano investiga si quienes concedieron y recibieron algunas de aquellas ayudas (concretamente los avales y préstamos por valor de 37 millones firmados entre 2010 y 2012) cometieron algún delito.
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A lo largo de los próximos meses de octubre y noviembre, más de 40 personas están citadas a declarar –algunas como testigos y otras como investigadas– en el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla por esta causa, según adelanto ayer 'El Español'. Entre quienes ostentan la condición de investigados figuran una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista, concretamente de las consejerías de Economía, Empleo e Innovación, así como de las empresas públicas Idea y Soprea, que canalizaron las ayudas públicas a Isofotón.
Los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Francisco Vallejo, así como los exviceconsejeros Agustín Barberá, Luis Nieto y Jesús María Rodríguez, están entre los investigados que declararán ante la jueza según figura en el auto al que ha tenido acceso este periódico, fechado el pasado 24 de julio. También lo harán los exdirectores generales de Idea Antonio Valverde y Miguel Ángel Serrano, así como miembros de la Dirección de Inversiones Estratégicas, de los comités de inversiones y análisis de Idea y Soprea y otros directivos cuya firma aparece en los documentos relacionados con las ayudas públicas concedidas a Isofotón, como Juan María González Mejías, que es sobrino de Felipe González. También se cita como investigados a los propietarios de Isofotón.
El juzgado considera que hay «indicios ciertos de delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público» en la concesión de varios avales por parte de Idea a Isofotón en un momento en que la situación financiera de la compañía era «absolutamente precaria». Dichos avales «presentan graves irregularidades» relativas a la «inadecuación de procedimiento» y a las garantías «insuficientes» prestadas para responder de los avales. Estas consideraciones las hace la jueza atendiendo el punto de vista de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que cree que podrían haberse cometido los mencionados delitos.
El auto concluye, tras la investigación realizada por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que Idea debía conocer «la deficitaria e irregular situación de Isofotón», que quedaba patente en un informe elaborado por la propia Agencia en 2009. Soprea en 2012 también concede un préstamo a la compañía «pese a constar los incumplimientos respecto de las ayudas otorgadas anteriormente por la misma agencia Idea».
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La denuncia que dio pie a esta investigación fue presentada en febrero de 2014 por el comité de empresa de Isofotón. La jueza Mercedes Alaya fue quien comenzó a desentrañar el caso desde el juzgado número 6, pero después pasó al 3 por turno de reparto tras acordarse deducir testimonio.
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