
La Cámara de Comercio de Málaga ha acogido la presentación de la 'Guía de Zonas de Bajas Emisiones' de la provincia de Málaga, promovida por ... la Asociación de Distribuidores de Alimentación y Bebidas, ADISABES, en colaboración con la entidad cameral. El acto ha contado con la participación de Salvador Pérez, presidente de ADISABES, José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, y Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga, la CEM.
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«Los empresarios del sector de la distribución somos muy conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente y reducir al máximo la emisión de dióxido a la atmósfera, por lo que, en ningún caso mostramos nuestra disconformidad con todas aquellas medidas destinadas a tal fin. No obstante, el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones y la restricción del tráfico en esos espacios, impulsada por la Unión Europea, sitúa al sector de la distribución urbana ante un nuevo escenario. Con el objetivo de ayudar a los profesionales, y a la ciudadanía en general, a adaptarse a las nuevas normativas y exigencias medioambientales, surge esta guía», ha explicado Salvador Pérez Muñoz.
El presidente de ADISABES ha precisado que en nuestro país la edad promedio de la flota de vehículos para uso profesional ronda los trece años, y el sector está compuesto, en buena parte, por pequeñas y medianas empresas que no cuentan siempre con recursos suficientes como para renovar sus vehículos de manera rápida.
El presidente de la Cámara de Comercio ha coincido con Pérez en la necesidad de apoyar al tejido empresarial, en especial a las pymes, para que la adaptación a las exigencias medioambientales pueda realizarse «con los menores costes empresariales posibles».
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Sánchez ha incidido en el impacto que conlleva esta medida para la actividad de las empresas, con «desafíos que tienen que ver con la movilidad, con el transporte y la logística, con incidencia en el comercio, servicios, por supuesto, turismo y hostelería, entre otros sectores», apuntando a una «nueva realidad que exige, indudablemente, adaptación pero, también, instar a las administraciones a promover la actividad económica».
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