Los extrabajadores de Isofotón, ante la sentencia de la quiebra: «Es una victoria moral, pero a los culpables no les va a pasar nada»

«Esta es la justicia que tenemos: después de no sé cuántos años, se determina que son culpables y no les va a pasar nada. Cinco años de inhabilitación es lo máximo que les condenan... Eso al final va a ser para nada. Lo único que nos queda es la la victoria moral de que nosotros teníamos razón cuando decíamos que esa gente se estaba llevando el dinero y que el tema de las ayudas de la Junta estaba todo contaminado. Al final llevamos razón en todo, por desgracia», reflexiona el que fuera presidente del comité de empresa de Isofotón, Dani Martínez. «Al final los que pagamos somos los trabajadores de la empresa, que nos quedaremos sin cobrar lo que nos debían; y también Málaga, porque ha perdido una empresa puntera en el sector», añade.

Los cerca de 700 exempleados de Isofotón pierden así definitivamente la esperanza de recuperar el dinero que les adeudaba la extinta compañía en concepto de nóminas e indemnizaciones. El Fogasa les pagó en su día parte de esas deudas, pero hay otra parte pendiente de cobro. «A mí, por ejemplo, me debían más de 23.000 euros y el Fogasa me pagó 16.000, así que me quedo sin cobrar 7.000 euros. Multiplica una cifra similar por los 700 que somos», explica Martínez.

Estas deudas se remontan a 2013, cuando los problemas financieros de la compañía salieron a la luz e Isofotón ejecutó dos expedientes de regulación de empleo: el primero en junio, con el que despidió a 352 de sus 669 empleados; y el segundo a final de dicho año, ya dentro del proceso concursal, para despedir a los 297 que quedaban.

La empresa que llegó a liderar la industria fotovoltaica en Europa había entrado en concurso de acreedores en junio de 2013, (solicitado de forma voluntaria), acuciado por deudas por valor de 184 millones de euros, que fueron engrosándose durante el proceso concursal. La lista de acreedores estaba formada por más de mil acreedores encabezados por la Junta, que le había concedido ayudas, préstamos y avales por valor de 80 millones de euros.

Este caudal de dinero público que fluyó de la Junta a Isofotón durante años motivó una investigación judicial que afectó tanto a exdirectivos de la compañía como a antiguos altos cargos socialistas del gobierno andaluz. Entre los acusados de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental estuvieron cuatro ex consejeros: Francisco Vallejo, Martín Soler, Antonio Ávila y Jesús María Rodriguez. La investigación acabó archivada en 2022 por la ampliación «extemporánea» del plazo de instrucción de la causa.