El Covid-19 ya se refleja en los juzgados de Málaga: aumentan despidos, impagos e insolvencias

El repunte de estos litigios directamente relacionados con la crisis económica es especialmente llamativo en el ámbito del trabajo. Las reclamaciones de cantidad, que son demandas presentadas por trabajadores para exigir el pago de deudas laborales, están cerca de triplicarse. En el tercer trimestre de este año se presentaron en la provincia de Málaga 2.505 de estos litigios, un 162,9% más que en el mismo periodo de 2019. Es cierto que en el segundo trimestre, que coincidió casi por completo con el confinamiento, el número de reclamaciones se redujo un 6,7%, por lo que algunos de esos conflictos pueden haberse trasladado al verano, pero el incremento registrado es demasiado intenso como para achacarlo exclusivamente a ese retraso.

Lo mismo ocurre con las demandas por despido: en el segundo trimestre cayeron ligeramente (un 7%), para dispararse a continuación entre julio y septiembre, con 1.784 reclamaciones presentadas en los juzgados de lo Social de la provincia, un 51,1% más que en el verano de 2019. Este aumento es superior a la media nacional, que fue del 34,3%. Además, hay que tener en cuenta que este incremento se produce en un contexto en que el despido está fuertemente restringido, ya que las empresas que han realizado ERTE por causa de fuerza mayor tienen un compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses (si lo incumplen, deben devolver todo el dinero que se han ahorrado en cotizaciones sociales) y, además, no está permitido hacer despidos objetivos fundamentados en causas relacionadas con la pandemia.

Así como se han restringido los despidos, también está en vigor una moratoria de concursos de acreedores: hasta el 14 de marzo de 2021, las empresas que entren en situación de insolvencia no están obligadas a declararse en concurso. Por eso los juzgados mercantiles de Málaga sólo registraron 20 procesos concursales en el tercer trimestre, un 39,4% menos que en el mismo periodo de 2019. En cambio, sí aumentaron -nada menos que un 241,2%- los concursos presentados por personas «naturales no empresarios» en juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, registrándose un total de 58.

También aumentan las demandas relacionadas con impagos y deudas. Los monitorios, que son procedimientos especiales previstos para reclamar deudas «dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles» (que incluyen, por ejemplo, las de las comunidades de vecinos), se incrementaron un 26,6% en comparación con el tercer trimestre de 2019. (se presentaron un total de 7.173 demandas en la provincia). El incremento es muy superior a la media nacional, que fue del 10,9%.

En cambio, descendió el número de lanzamientos (nombre judicial de los desahucios): en el tercer trimestre de 2020 se practicaron 371, dato que refleja un descenso del 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Casi el 78% de estos procedimientos fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, con viviendas de alquiler (288), mientras que 72 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y 11, de otros casos. La proporción entre hipotecas y alquileres se ha invertido en los últimos años: antes la gran mayoría de desahucios eran debidos a impagos bancarios.

Lo que sí se incrementó el pasado verano fue el número de ejecuciones hipotecarias. De hecho, prácticamente estos procedimientos se duplicaron en comparación con el mismo periodo de 2019, registrándose 193.

Finalmente, la estadística del CGPJ se detiene en las demandas por cláusulas suelo, que siguen su senda descendente: en el tercer trimestre de este año se registraron 414 en los juzgados especializados de la provincia, un 38,5% menos que el verano anterior. Gracias a la menor entrada de asuntos, la cifra de procedimientos pendientes se va reduciendo, aunque sigue siendo abultada: hay 7.644 asuntos en trámite.