Empresarios reclaman mayor agilización en la gestión de trámites administrativos

Pese a la reducción de las cargas administrativas en los últimos años, España continúa a la cola en cuanto a facilidades para crear negocios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa a nuestro país en la vigésimo tercera posición de los más de treinta estados analizados. La burocracia y la periodicidad en los pagos son los principales obstáculos a los que se enfrentan los autónomos. Más de la mitad de los emprendedores consideran que continúan existiendo «importantes trabas administrativas» que dificultan el ejercicio de su actividad, según el barómetro elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). En cambio, el 24,9 por ciento de los trabajadores por cuenta propia confiesa haber notado una mejoría y que dichas trabas cada vez interfieren menos en sus negocios.

El 43,6 por ciento del colectivo se decanta por la posibilidad de realizar las declaraciones de impuestos una o dos veces al año como máximo, es decir, con carácter anual o semestral y no trimestralmente como se hace actualmente. Otra de sus grandes preocupaciones es la burocracia, como constata el hecho de que el 30,8 por ciento de los autónomos pidan que se agilicen y faciliten los trámites exigidos para iniciar una actividad económica o para obtener las licencias pertinentes para la apertura de un establecimiento comercial. Casi la mitad de los emprendedores también reclama una reforma en la periodicidad del pago de las cuotas a la Seguridad Social para que pase a ser trimestral en lugar de mensual como sucede ahora.

Tanto los procedimientos como el tiempo necesarios, de media, para abrir una empresa en España se han reducido considerablemente en los últimos años, pero los trabajadores por cuenta propia denuncian que las cargas administrativas siguen dificultando la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y su desarrollo, la solicitud de ayudas y subvenciones públicas, el acceso a la contratación, los modelos impositivos o la tramitación de los contratos.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los emprendedores es la diferencia existente entre las normativas emanadas desde los tres ámbitos públicos: Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. La adaptación a la amplia variedad de modelos, declaraciones, exigencias y otros requisitos genera «un coste personal y económico elevadísimo» y en muchas ocasiones obligan a las empresas a destinar parte de su personal al desarrollo de funciones distintas a las que le son propias, según explican desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

En 2010, abrir una empresa costaba una media de 47 días y diez procedimientos administrativos. El año pasado, el plazo medio se había reducido hasta seis procedimientos y 13 días. Pese a estas mejoras, las asociaciones solicitan que se coordinen las normativas de las distintas administraciones públicas, se acorten sus plazos de respuesta y se evite la presencia física del ciudadano para realizar cualquier tipo de trámite.

En Andalucía, la Junta aprobó en 2014 un decreto ley para simplificar 64 trámites derivados de normativa autonómica que afectaban al inicio o al desarrollo de la actividad económica. De esos 64 procedimientos, 23 eran autorizaciones administrativas que se sustituyeron por el trámite de declaración responsable, que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad, y 22 pasaron a requerir tan sólo una comunicación previa.