Las demandas por despido alcanzan su nivel más alto en Málaga desde 2009 pese a la moratoria impuesta por el Gobierno

El repunte de los litigios es llamativo en el ámbito del trabajo. Las reclamaciones de cantidad, que son demandas presentadas por trabajadores para exigir el pago de deudas laborales, aumentaron casi un 30% el año pasado en la provincia. Los 6.732 procedimientos registrados a lo largo de 2020 son la cifra más alta desde 2010. Especialmente llamativo fue el incremento registrado en el tercer trimestre, cuando se acumularon todos los pleitos suspendidos durante el confinamiento, con un 162,9% más de reclamaciones presentadas en los juzgados malagueños que en el mismo periodo de 2019.

Los pleitos relacionados con despidos también alcanzaron su nivel más alto en 11 años, con 5.210 demandas. No se registraban tantas desde el inicio de la crisis anterior, en 2009. El aumento respecto a 2019 fue del 17,4%, más del doble de lo que se incrementaron los despidos a nivel nacional (+7,7%). Solamente Huesca, Cádiz y Madrid protagonizaron incrementos más intensos que Málaga. Hay que tener en cuenta que este incremento se produce en un contexto en que el despido está restringido, ya que las empresas que han realizado ERTE por causa de fuerza mayor tienen un compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses (si lo incumplen, deben devolver todo el dinero que se han ahorrado en cotizaciones sociales) y, además, no está permitido hacer despidos objetivos fundamentados en causas relacionadas con la pandemia. Estas limitaciones no impiden, claro está, que se realicen extinciones de contrato de otros tipos.

Así como se han restringido los despidos, también está en vigor una moratoria de concursos de acreedores: hasta el 14 de marzo de 2021, las empresas que entren en situación de insolvencia no están obligadas a declararse en concurso. Por eso los juzgados mercantiles de Málaga sólo registraron 120 procesos concursales en 2020, un 12,4% menos que en 2019. En cambio, aumentaron un 80,4% los concursos presentados por personas «naturales no empresarios» en juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, registrándose un total de 175.

También aumentan las demandas relacionadas con impagos y deudas. Los monitorios, que son procedimientos especiales previstos para reclamar deudas «dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles» (que incluyen, por ejemplo, las de las comunidades de vecinos), se incrementaron un 4,1% respecto a 2019. Se presentaron un total de 29.602 demandas en la provincia, la cifra más alta desde 2011. A nivel nacional, en cambio, este tipo de procedimientos disminuyeron.

En cambio, descendieron drásticamente los lanzamientos (nombre judicial de los desahucios): en 2020 se practicaron 1.402, dato que refleja una caída del 42% respecto al año anterior. La causa está clara: como parte de sus medidas de protección social frente a la pandemia, el Gobierno suspendió los desahucios. De los lanzamientos que sí se practicaron, el 80% fue consecuencia de pleitos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, con viviendas de alquiler, mientras que solamente 234 casos fueron derivados de ejecuciones hipotecarias. La proporción entre hipotecas y alquileres se ha invertido en los últimos años: antes la gran mayoría de desahucios eran debidos a impagos bancarios.

Lo que sí se incrementó el año pasado fue el número de ejecuciones hipotecarias, concretamente un 33,9%. Estos procedimientos se realizan cuando el propietario de una vivienda hipotecada incurre en impago y el banco reclama su derecho a quedarse con la vivienda en pago de la deuda.

La estadística del CGPJ también se detiene en las demandas por cláusulas suelo, que siguen su senda descendente: en 2020 se registraron 2.338 en los juzgados especializados de la provincia, un 38,4% menos que el año anterior. Gracias a la menor entrada de asuntos, la cifra de procedimientos pendientes se va reduciendo, aunque sigue siendo abultada: hay 7.192 asuntos en trámite (en 2018 llegaron a rozar los 10.000).