El acuerdo del ERE del Santander deberá estar listo a finales de junio

Desde el primer momento en el que se planteó este ERE, Santander ha mostrado su disposición a que se realice con bajas voluntarias y no forzosas, como así ocurrió en el proceso anterior, que culminó con un millar de salidas hace un año. En esta ocasión, el grupo ha planteado que 3.173 trabajadores se sometan al ERE, lo que supone un 11% de su plantilla actual en España. Al mismo tiempo, ha manifestado su voluntad de cerrar 1.150 oficinas, un 26% de su red, como consecuencia de la integración del Banco Popular, adquirido en 2017.

Ante esta coyuntura, las organizaciones sindicales quieren centrarse en rebajar las cifras aportadas por la entidad para acometer esta reestructuración. Tanco CC OO como UGT confían en que Santander renuncie a cualquier tipo de medidas de naturaleza traumática, primando la voluntariedad en las adscripciones con una dotación suficiente de recursos para lograrlo.

En el encuentro de ayer –puramente técnico–, el banco presentó el informe elaborado por una empresa externa para justificar el ERE. Las razones son las mismas que los ejecutivos de la corporación han manifestado en los últimos meses para acometer el proceso y que derivan de la necesidad de completar la integración del Banco Popular por las duplicidades generadas. Ademas, en muchos casos «se basan en la situación del sector bancario», apuntan desde UGT: los bajos tipos, que obligan a reducir el margen de intereses;la pérdida de rentabilidad que tiene la banca, en general;la digitalización a la que va encaminada la banca en los próximos años en un proceso imparable frente al de la presencia en sucurusales;la propia sobredimensión de las oficinas físicas; y la caída en el 'stock' de crédito a pesar de los avances experimentados en los últimos años, insuficiente para cubrir las amortizaciones realizadas por los clientes de la entidad.