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MÁLAGA
Lunes, 25 de enero 2021, 13:43
Un total de 20.065 empresas y autónomos de la provincia de Málaga se habían acogido hasta el 31 de diciembre de 2020 a la línea de avales estatales abierta a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la concesión de ... créditos destinados a mantener la liquidez de los negocios afectados por la crisis del Covid-19 ha cerrado el año 2020. El número de operaciones firmadas ha sido de 30.865, ya que algunos negocios han solicitado más de un aval.
Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Málaga, estas operaciones han supuesto una inyección total de financiación de 2.723,2 millones de euros al tejido empresarial de Málaga, cantidad de la cual el Estado avala 2.135,6 millones de euros.
La Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobada el 17 de marzo de 2020, está gestionada por el ICO a través de las entidades financieras. De este modo, son los bancos los que conceden la financiación a empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del Covid-19, a través de préstamos a bajo interés y con dos años de carencia. Lo que hace el Estado es avalar hasta el 80% de cada crédito.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, destaca que esta medida «ha permitido garantizar la liquidez y cubrir las necesidades de circulante de autónomos y empresas, manteniendo la actividad productiva y el empleo en los momentos más duros para la economía, una medida que fue implantada desde el minuto cero de la crisis sanitaria». Los préstamos con avales ICO se pueden destinar a«al pago de salarios, facturas de proveedores, alquileres de locales, oficinas e instalaciones, gastos de suministros y cubrir otras necesidades de liquidez», explica Ruiz.
El subdelegado del Gobierno en Málaga recala que esta línea de avales ICO ha tenido una especial incidencia positiva en los sectores de turismo, ocio y cultura; construcción e infraestructuras; y servicios empresariales, profesionales y administrativos.
El periodo de carencia de estas operaciones de crédito es de un máximo de dos años (este plazo era de un año en principio pero se extendió en noviembre a petición de las empresas), mientras que su plazo de vencimiento máximo es de ocho años.
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