Competencia investiga a algunos bancos y funerarias por posibles prácticas abusivas en la crisis del coronavirus

En lo que respecta al sector financiero, se está analizando la exigencia por parte de algunas entidades financieras de una garantía adicional (en particular, la suscripción de un seguro de vida) para la concesión de los préstamos garantizados con el aval del Estado (Líneas de Crédito ICO) y de otras ayudas financieras derivadas de la normativa extraordinaria dictada para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. «En concreto, se analiza si tal exigencia podría constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada del COVID-19», explican desde la CNMC.

En este sentido, el Banco de España y el propio ICO han advertido expresamente a las entidades financieras de que no pueden bajo ningún concepto vincular la concesión de créditos avalados por el Estado a la contratación de otros productos, tales como seguros. Las patronales bancarias han contestado asegurando que se están ciñendo al código de buenas prácticas y no se están realizando prácticas de venta cruzada en el marco de las líneas ICO.

Asimismo, se está investigando si los precios aplicados por diversas empresas funerarias durante la crisis sanitaria podrían deberse a «acuerdos anticompetitivos entre competidores o a conductas agresivas desleales, objetivamente contrarias a las exigencias de la buena fe y susceptibles de mermar de manera significativa la libertad de elección de los destinatarios (familiares de los fallecidos)».

Por otra parte, el aumento de la demanda global de determinados productos de protección de la salud como los geles hidroalcohólicos está provocando sustanciales incrementos del precio de estos productos y de las materias primas que se emplean en su fabricación (etanol) empleados en su producción, además de situaciones de desabastecimiento en el mercado. Por ello, la CNMC está analizando de manera pormenorizada «la evolución de estos mercados en España para identificar y, en su caso, sancionar la existencia de conductas anticompetitivas derivadas de tales incrementos de precio».

El pasado 31 de marzo la CNMC anunció el lanzamiento de un buzón (covid.competencia@cnmc.es) para centralizar todas las denuncias y consultas relacionadas con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del COVID-19. Se trata de un canal específico para que ciudadanos y empresas realicen cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en el contexto actual de la pandemia como, por ejemplo, abusos de posiciones dominantes mediante precios excesivosm acuerdos anticompetitivos entre operadores o conductas desleales consistentes en engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria.

Además, este buzón está a disposición de las empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis y poder así evaluar su compatibilidad con las normas de competencia. Desde la puesta en marcha de dicho buzón, hace tan solo una semana, la CNMC ha recibido medio centenar de consultas y denuncias enviadas por particulares y empresas. Las denuncias se refieren en su mayoría a posibles conductas anticompetitivas en los sectores financiero y de comercialización de bienes y servicios de primera necesidad.

También se han recibido algunas consultas de empresas preocupadas por la licitud de acuerdos comerciales para hacer frente a los efectos de la crisis derivada del COVID-19. «La CNMC ha resuelto estas consultas con la rapidez que demanda la situación, recordando a los operadores los límites que impone la normativa a tales acuerdos y que estas medidas transitorias, derivadas de la situación de excepcionalidad que se afronta, deben ser eliminadas inmediatamente en el momento en el que la capacidad de auto organización y libertad empresarial sean restablecidas en los sectores afectados», afirma la comisión.