Bancos y energéticas, ante el riesgo del impuesto permanente

El Banco de España calcula que el impuesto a la banca se comerá un 5% del beneficio del sector, que ya ha abonado 1.120 millones a cuenta de sus ingresos de 2022; y en 2024 pagará una cantidad similar. «No nos gusta ni en forma, ni en fondo, ni cómo se tramitó», indicaba esta semana Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB). «Espero que no lo hagan permanente», anunciaba.

Aunque los populares podrían derogar el tributo no parece que vaya a ocurrir. La idea, de hecho, es que en el momento de su vencimiento, la tasa se sustituya por un fondo de ayudas que costearía el propio sector. Una decisión que contentaría en cierto modo a la opinión pública, que el pasado año vio cómo mientras su carga hipotecaria se disparaba casi sin control en plena escalada de tipos de interés, los bancos engordaban sus beneficios a niveles récord.

«A pesar de la argumentación con la que se ha justificado su diseño, el nuevo impuesto a la banca no se ha diseñado siquiera para gravar los beneficios (que ya están sujetos a Sociedades), sino el principal componente de los ingresos: el margen de intereses más comisiones netas», recuerda Rafael Domenech desde el servicio de estudios de BBVA Research. En un reciente análisis, indica que «en términos reales y al igual que el PIB, esa base imponible seguía en el tercer trimestre de 2022 por debajo de sus niveles prepandemia, frente a unos ingresos públicos un 10% por encima».

En cuanto al impuesto a las energéticas, con el que se aspira a recaudar 1.700 millones cada año, el PP tampoco ha dejado claro si lo derogará. Y, según recientes declaraciones del vicesecretario de economía, Juan Bravo, la idea iría más por modificarlo para que se aplique, como ocurre en Europa, sobre beneficios y no sobre ingresos.

La fiscalidad de la riqueza también ocupará buena parte del centro fiscal del nuevo Ejecutivo. La idea que maneja el Ministerio de Hacienda pasa por que el actual impuesto a la solidaridad que de forma temporal grava los patrimonios de más de tres millones de euros, pase a tener un papel protagonista en la negociación con las comunidades, dentro de la reforma del modelo de financiación, atascada desde 2009.

Para el nuevo Gobierno será difícil derogar la figura, que podría ir más allá de 2024 si el actual Ejecutivo gana las elecciones. Hacienda ya se ha mostrado abierta a esta posibilidad. Igual que Yolanda Díaz, que en su propuesta para Sumar mantiene intacto el mantra de que 'quién más tiene, más debe pagar'. Eso sí, los retoques serían inevitables. Sobre todo porque Hacienda ha vivido un auténtico fiasco con la puesta en marcha de este tributo, con el que se pretendía contrarrestar las bonificaciones sobre Patrimonio aplicadas en algunas regiones gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Galicia o Andalucía. Finalmente, un error en la redacción del texto reducirá a unos 700 millones de euros -según estimaciones de la Autoridad Fiscal (Airef)- el objetivo de recaudación inicial, de unos 1.500 millones de euros.