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El expediente sobre la gestión de Braulio Medel en Unicaja sigue blindado por la Junta de Andalucía. El Gobierno autonómico nunca ha revelado qué hizo con el informe del Banco de España que en 2007, tras una inspección, advertía de la supuesta incompatibilidad de los ... cobros del entonces presidente de la caja de ahorros en consejos de administración de otras empresas. Los inspectores concluían que no era posible determinar la legalidad de estas remuneraciones y trasladaron esta información a la Consejería de Economía y Hacienda. No consta que la Junta moviera ficha ni entonces, con el PSOE, ni ahora, cuando gobierna el PP en coalición con Ciudadanos. Vox, socio de investidura pero no de gobierno del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno, pidió acceso al expediente el 22 de octubre. Ahora llevará el asunto a los tribunales al considerar que su solicitud ha sido desestimada después de que haya transcurrido el plazo previsto por ley (30 días) para obtener una respuesta.
Un grupo de diputados liderado por Macarena Olona ha presentado un recurso por lo contencioso-administrativo contra la desestimación tácita de su petición de información, desatendida por la Junta de Andalucía. En su demanda, a la que este periódico ha tenido acceso, Vox exige al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reclame el expediente, del que apenas se ha sabido nada en casi quince años. El Banco de España envió el informe relativo a su inspección a la Junta, que lo guardó en un cajón durante diez años, primero con José Antonio Griñán y luego con Carmen Martínez como consejeros de Economía y Hacienda. Sólo en 2017, con María Jesús Montero como consejera, el Gobierno andaluz solicitó información a la Fundación Bancaria Unicaja por «una posible información discordante en materia de incompatibilidades».
La razón de que Montero reclamase información a la Fundación Unicaja y no a Unicaja Banco es que en aquel momento, diez años después de la inspección, ya todo había cambiado: Unicaja había dejado de ser una caja de ahorros para convertirse en un banco y Medel ya no ocupaba la presidencia de la entidad aunque seguía, como ahora, al frente de la Fundación, a su vez principal accionista del banco. La Fundación siempre ha considerado «compensaciones» o «indemnizaciones» estos cobros, cuyo importe ascendía a cientos de miles de euros anuales, una cantidad que podría haber trascendido el objetivo de las dietas, como se denominan los pagos destinados a cubrir gastos, para funcionar en la práctica como presuntos sobresueldos cuya compatibilidad fue cuestionada por el Banco de España en la inspección de la que informó en 2007 (correspondiente a 2006).
En la solicitud presentada a la Presidencia del Congreso de los Diputados, el grupo pilotado por Olona requería acceso al expediente «para poder examinar dicho procedimiento y conocer el alcance del informe del Banco de España y la naturaleza exacta de las irregularidades detectadas con el fin de ejercer la función de control al Gobierno». Para ello piden acceso «al expediente completo» relativo a los informes del Banco de España y de la Consejería de Hacienda, una solicitud hasta ahora desoída por la Junta y que ya ha llegado a la mesa del TSJA.
Tras ser consultado sobre la decisión de Vox de acudir a los tribunales al haber sido desoída su petición para acceder al informe completo del Banco de España, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, remitió al titular de la Consejería de Hacienda para que valorase la actuación de su socio de investidura. Sin embargo, desde este departamento también declinaron hacer declaraciones y reiteraron que ya se pronunciaron en sede parlamentaria.
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