Nuevas prórrogas de los contratos de alquiler y moratoria al pago de la renta

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Transportes, esta medida «solventa la anomalía transitoria de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento en un contexto de movilidad condicionada o reducida y de actividad y rentas arrendaticias en el sector del alquiler afectadas por la crisis debiera buscar otra vivienda para arrendar». De esta manera, «se concede un margen justo y razonable al arrendatario sin penalización para el arrendador». «Este equilibrio entre arrendador y arrendatario es determinante», comentan desde Transportes. En España el arrendador del 85% de las viviendas en alquiler es una persona física y «su vulnerabilidad ha de ser protegida en paralelo a la del arrendatario, garantizando el equilibrio entre ambas partes», señalan.

También se extiende la posibilidad de reestructurar la deuda arrendataria o de retrasar el pago del alquiler para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa de la Covid-19, en el caso de que su casero sea un gran tenedor (es decir, una persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados), una empresa o una entidad pública de vivienda. De esta manera, el inquilino en dificultades podrá optar entre una reducción del 50% de la renta con un máximo de cuatro meses y una moratoria en el pago de la renta también de cuatro meses. En el caso de que el arrendatario opte por esto último, podrá hacer frente al pago durante los tres años siguientes.

El inquilino podrá escoger una de estas dos opciones siempre que no hubiera llegado a un acuerdo con el propietario para la condonación total o parcial del alquiler. Esta última medida también estaba a punto de vencer el próximo 31 de enero.

Fuentes de Unidas Podemos afirman que en uno de los próximos consejos de ministros también se aprobará la extensión de la moratoria hipotecaria y de los préstamos al consumo para personas en situación vulnerable. Esta medida estuvo de aplicación hasta el pasado septiembre, pero el Gobierno decidió no extenderla más allá de esas fechas. La semana pasada la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anticipó que pronto se aprobaría su extensión, en línea con las últimas decisiones adoptadas en la Unión Europea.

A juicio de Unidas Podemos, las medidas que se aprobarán mañana «eran absolutamente necesarias para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma». Asimismo, añaden que «hubiera sido incongruente pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar».

La extensión de la posibilidad de prorrogar los alquileres que venzan durante el estado de alarma y de la petición de moratorias en el pago del alquiler se suman a la decisión de alargar la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos a familias vulnerables.