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Tras años de intentos fallidos, la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank ya es una realidad. La entidad resultante se sitúa como el quinto banco más importante de España por volumen de activos y tiene presencia en casi todo el país, con cerca de cinco ... millones de clientes. La fusión concluye con un 59,5 por ciento para la firma andaluza y un 40,5 por ciento para la asturiana Liberbank, de modo que el nuevo banco mantiene el nombre de Unicaja y su sede social en Málaga. Pero nada de esto habría cuajado si en 2017 hubiera salido adelante una operación confidencial que recibió el nombre de Proyecto Marbella, consistente en la absorción de Unicaja por parte del Banco Santander. Aquella negociación, iniciada por la Fundación Bancaria Unicaja, principal accionista del banco y presidida por Braulio Medel, acabó frustrada por el rechazo de algunos patronos de la Fundación a un acuerdo que habría supuesto la desaparición de Unicaja.
Hasta hubo una propuesta de canje sobre la mesa. Así consta en un documento al que ha tenido acceso este periódico, dirigido a la atención de Medel y fechado a comienzos de 2017. En la comunicación reseñada como «confidencial», la entidad de Botín reconoce «las conversaciones que venimos teniendo» en relación a la posible integración de Unicaja en el Grupo Santander. La carta, firmada por Víctor Matarranz, por entonces responsable de Estrategia del grupo cántabro y mano derecha de Botín, pone de manifiesto que la operación fue negociada de forma directa con Medel, al margen del consejo de administración de Unicaja Banco, presidido desde el año anterior por Manuel Azuaga, y de la propia Fundación Unicaja. En los documentos a los que ha accedido SUR queda fijada una estrategia: desmantelar la estructura de Unicaja en un plazo máximo de dos años tras su asborción, finalmente fallida, por el Santander.
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Medel agotó en 2016 el plazo que le ofrecía la ley para simultanear la presidencia del banco y la fundación, aunque desde entonces se ha resistido a pasar a un segundo plano. Tampoco en la fusión con Liberbank, como prueba que se reuniera en secreto a comienzos de julio con el CEO de la entidad asturiana, Manuel Menéndez, tentando el celo con que los supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco Europeo vigilan estas operaciones. En 2017, por tanto, cuando se ultimaba la absorción de Unicaja por parte del Grupo Santander, la responsabilidad de Medel se limitaba a la presidencia de la Fundación al carecer ya de cargo en Unicaja Banco.
La venta de Unicaja al Santander no beneficiaba a la entidad malagueña, aunque permitía el acceso al apetecible consejo de administración del Banco Santander. En el acta de una de las reuniones, de hecho, consta la petición expresa de que se analizase «la idoneidad del potencial consejero que se incorporaría» al consejo de administración del Santander, «conforme indicó la presidenta». Aunque este punto no ha podido ser confirmado por este periódico, fuentes cercanas al grupo cántabro sostienen que el cargo estaba comprometido para Medel según un acuerdo adoptado por el propio Medel con Botín. Otras fuentes cercanas al supervisor detallan que en enero de 2017 se trató en órganos de gobierno del banco el acuerdo para incorporar a este nuevo consejero a título personal como parte del acuerdo con la Fundación Bancaria Unicaja, aun habiéndose negado explícitamente negociación alguna en el Patronato de la institución andaluza ante las preguntas de determinados patronos que vieron referencias en la prensa.
En su lista de «premisas esenciales» para continuar con la integración finalmente frustrada, Santander ofreció un 2 por ciento de su capital social en acciones de nueva emisión a cambio del 86,7 por ciento del capital social de Unicaja Banco propiedad de la Fundación. El grupo cántabro también exigía un reparto de los costes derivados de las reclamaciones por cláusulas suelo. En este apartado vuelve a evidenciarse que Medel trató de cerrar el acuerdo ignorando al consejo de administración del banco: el grupo presidido por Botín especifica que los gastos por cláusulas suelo que excediesen las provisiones a 31 de diciembre de 2016 «corresponderán en un 80 por ciento a la Fundación Unicaja y en un 20 por ciento a Banco Santander».
El grupo cántabro también condicionó el acuerdo a una reducción de la plantilla «especialmente en Andalucía» y a los resultados de una 'due diligence' sobre Unicaja. Así se denominan las auditorías elaboradas por consultores externos para determinar si una entidad cumple con sus obligaciones y no existen riesgos legales sustanciales derivados de su actividad. Es un procedimiento habitual y bidireccional en los procesos de fusión bancaria, aunque requiere la entrega de cualquier información solicitada. Llama la atención que el Grupo Santander hiciera constar por escrito que había reclamado a la Fundación información «aún no facilitada» sin la que no podían completarse estas diligencias. La exclusión de Unicaja Banco de estas negociaciones explicaría las lagunas de una operación que Medel trató de comandar en solitario.
La integración debía ejecutarse «con la mayor celeridad posible» en los primeros meses de 2017. Santander puso de hecho una fecha límite: primavera. «A falta de confirmación, entenderemos que no están interesados en la operación y no continuaremos con su análisis», advierte Matarranz. Porque la negociación iniciada por la Fundación Unicaja implicó un concienzudo análisis por parte de la entidad de Botín sobre la conveniencia y los riesgos de que el banco malagueño quedara integrado en su grupo. La premura con que Santander quiso cerrar la operación denota que los beneficios eran evidentes para el grupo cántabro, aunque no tanto para la entidad andaluza. «Medel intentó vender Unicaja por cuatro duros», explican fuentes consultadas por este periódico: «Y el consejo nunca fue informado de las negociaciones, se enteró por una auditoría».
La filtración de la operación en SUR, la cascada de protestas e incluso dimisiones de patronos derivadas de la operación pilotada por Medel y el anuncio de la salida de Unicaja a Bolsa, que revalorizaba el banco, frustraron la venta. En caso de que hubiera salido adelante, los costes económicos y sociales para Málaga y Andalucía habrían sido irreparables.
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