Unicaja Banco absorberá Liberbank para crear el quinto banco de España, con su sede en Málaga

Los dos bancos reflejan en el proyecto común de fusión remitido a la CNMV su convicción de que la integración es «una oportunidad estratégica para la consolidación del posicionamiento de ambas entidades». Duplicidades, solapamientos y economías de escala serán abordados cuando la fusión ya esté en marcha, según el proyecto acordado.

La integración supera su primer trámite 'in extremis' después de semanas de incertidumbre en relación a las diferencias surgidas sobre el modelo de gobernanza en una negociación con el 31 de diciembre como fecha límite. Los trabajos de los auditores externos contratados por cada banco tomaron como referencia los datos del primer semestre de 2020, y habrían perdido validez de otro modo retrasando, como poco, el segundo intento de fusión tras el primero que intentaron en 2019.

El siguiente trámite interno del proceso de fusión será someterlo a las juntas de accionistas. El acuerdo comunicado a la CNMV es que se celebren en el primer trimestre de 2021. Antes de su celebración, posiblemente en enero, deberá conformarse el nuevo consejo de administración, con 15 miembros. La integración en todo caso está condicionada al pronunciamiento favorable de los supervisores, Banco de España y BCE, CNMC, Ministerio de Economía y otras diferentes instancias.

Unicaja Banco tendrá el 59,5% de la futura entidad, mientras que el banco asturiano controlará el 40,5%. Málaga será la sede, y Unicaja, la marca comercial con la que trabajará el nuevo grupo en todo el territorio nacional. En las provincias donde Liberbank es la referencia financiera podrá vincular su marca a la de Unicaja. Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, será el presidente ejecutivo del nuevo grupo financiero, en el que Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank, será el número dos. Según el compromiso ratificado por las dos entidades, dos años después de que la fusión sea inscrita el consejo de administración modificará el modelo de gobernanza de modo que la presidencia del consejo pase a ser no ejecutiva y se adapten las funciones del consejero delegado, que será objeto de reevaluación.