La Fundación Unicaja sale en defensa de Braulio Medel y asegura que no cometió irregularidades

Las dos denuncias hacen referencia a la sentencia del 'caso Ausbanc', que entre los hechos probados destaca los pagos de Unicaja a Manos Limpias para solicitar que Medel fuera desimputado del 'caso ERE'. Sobre este punto, la Fundación asegura que el sobreseimiento se produjo «por no existir reproche alguno» en la conducta de Medel: «Tras la presentación en dicho procedimiento de un escrito -ciertamente insólito- de la representación de Manos Limpias interesando que se dejara sin efecto la imputación de Braulio Medel (imputación que nunca se formalizó judicialmente), fue la propia defensa de Braulio Medel, en escrito presentado al Juzgado, la que pidió que no se diera trámite a tal petición de Manos Limpias, lo que se comunicó al Juzgado, a la Fiscalía y a las demás partes de la causa, entre otras cosas, para evitar ya entonces cualquier tipo de mala interpretación que las maniobras procesales de Manos Limpias pudieran propiciar».

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Alberto Gómez

La Fundación recuerda que la investigación, de la que estuvo informado el Banco de España, «no afectó en absoluto a la idoneidad» de Medel, entonces presidente de Unicaja Banco: «Es falso que la decisión de sobreseimiento de Medel fuera consecuente a ninguna intervención o escrito del Sindicato Manos Limpias o de la entidad Ausbanc, o de sus responsables, como es falso que por parte de Unicaja se hiciera ningún pago a ninguna entidad para propiciarlo». Desde la institución también reiteran que en la causa seguida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Medel «no ha sido parte ni en fase de instrucción, ni en el juicio oral y ni tan siquiera ha sido propuesto ni prestada declaración como testigo».

Respecto a los supuestos cobros irregulares por parte de otras empresas y la pertenencia a un mayor número de consejos de administración de los permitidos por ley, según denuncia la CIC, la Fundación sostiene que siempre se respetó «el límite legal máximo de pertenencia a consejos de administración de sociedades mercantiles o entidades cooperativas» y que la percepción de cantidades por la pertenencia a estos consejos de administración «era plenamente legal y se ajustaba escrupulosamente a las previsiones del artículo 50 bis de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de cajas de ahorro de Andalucía, y del artículo 53 de los Estatutos de Unicaja, aprobados por Orden de la Consejería de Economía y Empleo de 6 de octubre de 2005».

La Fundación incide además en que la investigación iniciada por la Junta de Andalucía a raíz de las inspecciones del Banco de España que cuestionaron estas remuneraciones, inspecciones que entre 2007 y 2017 permanecieron en un cajón, fue archivada por la entonces consejera María Jesús Montero, ahora ministra: «El Servicio de Inspección Financiera de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía resolvió, con fecha 20 de marzo de 2017, proceder al archivo de las actuaciones iniciadas, conducta rotundamente lógica al no existir irregularidad alguna ni de las remuneraciones percibidas, ni de su pertenencia a los consejos de administración de diversas sociedades mercantiles».