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La Fiscalía Provincial de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal por la denuncia presentada por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel. La CIC, que agrupa a trece organizaciones sindicales y ya se personó como acusación popular en la causa contra Rodrigo Rato por el 'caso Bankia', presentó en enero una denuncia contra Medel por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta o desleal y contra la Hacienda Pública. La denuncia detalla las tres grandes polémicas que han provocado una crisis reputacional y de gobernabilidad sin precedentes en la Fundación: el pago a sociedades vinculadas a Ausbanc para desimputar a Medel del 'caso ERE', sus supuestos cobros irregulares como miembro de los consejos de administración de otras empresas y los conflictos de intereses e incompatibilidades que podrían derivarse de estas remuneraciones y de su participación en sociedades ajenas a Unicaja.
La documentación entregada a la Fiscalía recuerda que la reciente sentencia del 'caso Ausbanc' recoge entre los hechos probados las negociaciones entre Unicaja y Ausbanc mediante el sindicato Manos Limpias, operación que concluyó con el pago de más de 1,2 millones de euros a sociedades vinculadas a Luis Pineda. La inyección económica se intensificó tras la imputación de Medel en el 'caso ERE', en el que Manos Limpias estaba personado como acusación popular. Pineda solicitó un millón de euros en dos pagos de 600.000 y 400.000 euros previos a la declaración de Medel, señalada en febrero de 2016, para cambiar su situación procesal.
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La jueza destacaba en su fallo que, días después de los pagos, Pineda hizo llegar a Medel el documento que pedía su desimputación e indicó a su secretaria que en el sobre especificara el siguiente texto: «A la atención de Don Braulio Medel. Remite Luis Pineda. Misión Cumplida». Los pagos, insiste la sentencia, «se enmascararon en acuerdos para patrocinios, e inserciones publicitarias». La CIC considera ahora que los hechos declarados probados en la sentencia «se han entender suficientes para admitir a trámite la denuncia y abrir las oportunas diligencias» al poder derivar en presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública.
La denuncia, con más de una treintena de páginas, también hace referencia a las inspecciones practicadas por el Banco de España en Unicaja en 2007 y 2009, cuando el banco aún era una caja de ahorros y Medel era su presidente. Los inspectores concluyeron que no era posible determinar la legalidad de los cobros recibidos por la cúpula de la caja de ahorros en consejos de administración de otras empresas, infracción que habría sido «muy grave» según la Ley de Cajas de Andalucía. Esta situación habría supuesto, siempre según la denuncia, un presunto delito de estafa agravada que la CIC justifica que no habría prescrito en función de la normativa aplicada en el 'caso Bankia'.
La Confederación señala además que Medel incumplió la limitación del número máximo de consejos (ocho) en los que podía participar según la ley y detalla la relación «estratégica» entre Unicaja e Iberdrola: «La remuneración recibida por su posición de consejero en Iberdrola fue la más significativa en el caso de Medel, entre 300.000 y 380.000 euros anuales según la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el 'caso Villarejo'». Hay importes, explica la CIC, que fueron cobrados «con especial irregularidad mediante cheques al portador». Todas estas cuestiones, sostiene la denuncia, que considera que el intento de venta de Unicaja al Santander en 2017 podría suponer un agravante, justifican la revisión de la idoneidad de Medel como presidente de la Fundación Unicaja y su enjuiciamiento.
La Fundación Unicaja envió ayer un comunicado para recordar que el inicio de diligencias de investigación «no supone que lleven aparejadas una valoración de la relevancia de la conducta denunciada, ni tan siquiera de la verosimilitud de los hechos formulados». Medel también trata de salir al paso de las acusaciones lanzadas por la CIC y niega cualquier posible irregularidad relativa a su pertenencia a varios consejos de administración, aferrándose al archivo de las actuaciones iniciadas por el Servicio de Inspección Financiera de la Consejería de Hacienda en 2017, cuando era consejera María Jesús Montero, diez años después de las inspecciones del Banco de España. En relación a los hechos denunciados referentes al 'caso Ausbanc', el presidente de la Fundación Unicaja insiste en que es «falso que la decisión de sobreseimiento fuera consecuente a ninguna intervención o escrito del Sindicato Manos Limpias o de la entidad Ausbanc, o de sus responsables, como es falso que por parte de Unicaja se hiciera ningún pago a ninguna entidad para propiciar el sobreseimiento».
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