Comisiones Obreras votará en contra de los consejeros afines a Braulio Medel en la junta de Unicaja Banco

Unicaja Banco celebra esta semana su junta general de accionistas en medio de una crisis sin precedentes. La polémica gestión de Braulio Medel en la Fundación, principal accionista de la entidad con más de un 30 por ciento del capital, ha provocado un terremoto de consecuencias imprevisibles. Tanto es así que el Gobierno de Pedro Sánchez ha exigido que se encargue un informe externo e independiente para evaluar la idoneidad de Medel, de cuya «honorabilidad profesional y comercial» tiene «serias dudas». Comisiones Obreras, que tiene delegado el voto de accionistas minoritarios, ya ha anunciado que votará en contra de la reelección de los consejeros dominicales afines a Medel, representantes de la Fundación en el consejo de administración del banco: Juan Fraile, Teresa Sáez, Petra Mateos-Aparicio y Manuel Muela.

El sindicato recuerda que la crisis de la Fundación «está impactando en términos reputacionales» en Unicaja Banco y considera «imprescindible» mantener «la dimensión social y la credibilidad en los mercados financieros que hasta ahora han marcado la trayectoria» de la entidad malagueña. Comisiones exige también «un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo y la apuesta por la profesionalidad» frente a la conflictividad por la que se ha carecterizado la política de recursos humanos de Liberbank, absorbida el año pasado por Unicaja en un proceso de fusión que todavía colea. Los consejeros afines a Medel se han posicionado del lado del bloque asturiano, subvirtiendo la ecuación de canje que establecía que la antigua Unicaja mantendría el poder del nuevo banco con casi un 60 por ciento del capital. En la práctica, sin embargo, los votos de los consejeros dominicales de la Fundación ha permitido una escalada de poder de Liberbank hasta conceder a la entidad asturiana más apoyos en el consejo de administración de los que tiene el bloque malagueño.

Comisiones también exige «un pacto intergeneracional que garantice una tasa de reposición de las salidas» que se están produciendo por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que supondrá el despido colectivo de cerca de 1.500 trabajadores y el cierre de casi 400 oficinas. El sindicato denuncia que «se está sobrecargando a la plantilla que se queda de un modo insostenible y contraproducente».