Hasta 20.000 afectados en Málaga esperan que los jueces anulen las hipotecas IRPH abusivas

El Abogado General de la Unión Europea (UE) Maciej Szpunar ha dictaminado que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) debe estar sometido a tutela judicial para saber si es abusivo o no, porque el mero hecho de ser un índice oficial no hace que sea necesariamente transparente. Por tanto, en su opinión, los jueces españoles deben estudiar si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron comercializadas de forma transparente o no. En caso negativo, deben declararse abusivas y los bancos españoles estarían obligados a devolver el dinero cobrado de más a sus clientes. El informe del abogado general no es vinculante; el que decidirá realmente sobre el asunto es el Tribunal de Justicia de la UE, cuya sentencia se espera para principios de 2020. Sin embargo, su postura suele ser tenida en cuenta por el máximo órgano judicial comunitario.

Las asociaciones de consumidores se han tomado el informe del Abogado General de la UE como una victoria provisional en su batalla por declarar abusivo el IRPH, que encarece las hipotecas de alrededor de un millón de españoles. En la provincia de Málaga hay hasta 20.000 afectados por este índice que han pagado de media 25.000 euros de más por su préstamo hipotecario, según calcula la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

Lo cierto es que Maciej Szpunar contradice en su escrito lo defendido por la banca, que alega que al tratarse de un índice oficial fijado conforme a disposiciones legales no es una cláusula que pueda ser objeto de un control de transparencia ni abusividad. También enmienda la plana al Tribunal Supremo, que en su única sentencia sobre el IRPH en 2017 avaló el índice y estipuló que la mera referenciación de las hipotecas a un tipo oficial como el IRPH «no implica falta de transparencia ni abusividad».

Si el Tribunal de Justicia de la UE decide seguir el criterio del letrado, la banca se enfrenta a la posibilidad de que las miles de demandas por el IRPH que aún debe dirimir la justicia española se resuelvan de forma favorable para los afectados cuando se detecte abuso, y tengan que compensarles.

La nulidad del índice podría tener un coste que el banco Goldman Sachs cifra entre 7.000 y 44.000 millones de euros para las entidades, que tenían 17.000 millones en préstamos referenciados al IRPH al cierre de 2018.

El Abogado General se ha pronunciado en respuesta a varias cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado de Barcelona, que había cuestionado la sentencia del Supremo. Aunque su opinión no es vinculante, las conclusiones suelen marcar la línea que sigue el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia.

En su informe, el abogado comunitario argumenta que el uso de este índice puede someterse al control judicial para verificar si su uso fue abusivo. Aduce que las entidades bancarias –Bankia, en el caso concreto que se le plantea– no están obligadas a utilizar uno de los seis índices de referencia oficiales, incluido el IRPH, por lo que podían haber optado por el euríbor. Al no tratarse de una cláusula que refleje una disposición legal imperativa, está sometida a la directiva europea sobre cláusulas abusivas y puede ser objeto de control.

Una vez se conozca la sentencia del TJUE, los tribunales españoles tendrán que resolver los litigios pendientes ateniéndose a su dictamen. Si contradice al Tribunal Supremo, éste tendrá que rectificar su doctrina, como ocurrió con las cláusulas suelo.

Los bancos españoles incurrieron ayer en pérdidas bursátiles cuando se conoció el pronunciamiento del Abogado General, pero terminaron la jornada con avances, de hasta el 4,23 % en Bankinter, el valor más alcista del IBEX; del 2,88 % en Santander; del 2,63 % en CaixaBank; del 2,25 % en Sabadell; del 2,04 % en BBVA, y del 1,53 % en Bankia.