El ascensor social no funciona: un 37% de niños nacidos en hogares pobres heredan esa posición

Por ejemplo: de todas las personas de entre 25 y 59 años que pasaron su niñez en hogares con una mala situación económica en España, el 25% sigue padeciendo esta condición de adultos; porcentaje que en Andalucía sube al 37%. Con otros indicadores ocurre lo mismo o incluso es peor: el 51% de los andaluces que, siendo adolescentes, no tenían cubiertas las necesidades escolares básicas (libros y material escolar) viven ahora bajo el umbral de la pobreza. A nivel nacional este porcentaje está 16,5 puntos por debajo, en el 34,5%.

La transmisión intergeneracional de las condiciones económicas va muy de la mano de la del rango educativo: las personas que nacen de padres con bajo nivel formativo (educación primaria o inferior) tienen menor probabilidad que la media de estudiar una carrera o una FP de grado superior y mayor probabilidad de quedarse anclados en un nivel educativo bajo. En España, sólo el 36,2% de los encuestados cuyos progenitores tienen un nivel educativo bajo acceden a la educación superior y hay un 11% de ellos que no llegan a secundaria. Pero esta correlación es más intensa en Andalucía, donde el porcentaje de titulados superiores entre quienes tienen progenitores de bajo educativo es inferior al 30% y donde hay un 15% que no pasa de la escuela primaria. Por el contrario, nacer de unos padres que atesoran una alta cualificación es prácticamente una garantía de que se alcanzará un buen nivel educativo: casi el 80% de los hijos de padres con titulación superior obtienen también esta cualificación.

Ambas variables, la pobreza y el bajo nivel educativo, influyen a su vez una en la otra; se retroalimentan. Así, entre los andaluces que nacieron de hogares con bajo nivel formativo, la tasa de pobreza es del 30,4%, casi el doble de la que tienen aquellos que se criaron con padres de titulación superior (16,3%). Esta brecha, de nuevo, es mayor en Andalucía que en el resto de España.

En la Universidad de Málaga hay un grupo de investigación llamado Economía Pública y Equidad que se dedica a estudiar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, así como las políticas públicas dirigidas a atender estos problemas. Al frente está Elena Bárcena, catedrática de Economía Aplicada, que confirma que la movilidad social «es menor en Andalucía que en el resto de España». O sea, que el ascensor social funciona peor y, por tanto, es más difícil escapar de la precariedad. «Todos los indicadores de transmisión intergeneracional son más intensos en Andalucía, tanto de la pobreza como del nivel educativo», afirma.

¿Y esto por qué ocurre? «Hay tres condicionantes que marcan este fenómeno: el sistema educativo, el mercado laboral y las ayudas públicas dirigidas a combatir la pobreza», explica la profesora. Si se tiene en cuenta que Andalucía está entre las comunidades peor situadas en resultados educativos y fracaso escolar; que su mercado laboral está marcado por una mayor temporalidad y menores sueldos y que las prestaciones para familias vulnerables son de menor cuantía y cobertura que en otras regiones, no es difícil entender por qué el bucle de la pobreza es más intenso en esta región.

A estos factores clásicos a la hora de explicar la cronificación de la pobreza, Bárcena suma uno que ha ganado protagonismo, especialmente en Málaga: la vivienda. «Con la subida tan fuerte de precios, muchas familias tienen que dedicar gran parte de sus ingresos a la hipoteca o el alquiler para no quedarse en la calle, quedándoles poco margen para poder sufragar alimentos, libros, ordenador, clases extraescolares o actividades deportivas para los hijos», argumenta.

Las organizaciones sociales llevan tiempo alertando de que la movilidad social, al igual que la desigualdad, empeoró en toda España en la gran crisis financiera y después no se ha recuperado. El informe 'Transmisión intergeneracional de la pobreza' de la Fundación Foessa (Cáritas) enumera las causas: «Los altos niveles de desigualdad, que tocaron techo en el año 2016 y se encuentran muy distanciados de la situación previa a la crisis económica, la situación crítica que registra el sistema educativo con altas tasas de abandono escolar, la falta de oportunidades para el colectivo de jóvenes que ni estudian ni trabajan y la ineficacia del gasto social dirigido a la reducción de la pobreza, que las transferencias sociales apenas corrigen en un 25%».

Todas estas condiciones, continúa el informe, sientan las bases para que se produzca la «trampa de la pobreza», que es como se ha dado en llamar a la acumulación de dificultades que va teniendo a lo largo de su vida una persona que haya desarrollado su infancia en una familia en situación de pobreza. También hablan los expertos de manera muy gráfica, de los «sueldos pegajosos», por la dificultad que implica subir de los escalones más bajos de la pirámide socioeconómica.

Salvador Pérez-Moreno también es catedrático y pertenece al grupo de investigación Economía y Equidad. Él pone el foco en la pobreza infantil, que alcanza en España una cota inconcebible para un país desarrollado. Y, de nuevo, con Andalucía a la cabeza: el 41% de los menores de 16 años viven bajo el umbral de la pobreza. Son niños que no eligieron el hogar donde han nacido, que están creciendo en medio de privaciones y, si nada lo remedia, tendrán una alta probabilidad de seguir viviendo en la precariedad durante toda su vida.

«Hay una serie de manifestaciones negativas que provoca la pobreza durante la etapa de la niñez: menor desarrollo cognitivo, malnutrición, abandono escolar, baja autoestima, obesidad, altos niveles de estrés. Todas estas cuestiones se convierten en desventajas a la hora de enfrentarse al mundo en la edad adulta y muchos de estos niños tendrán un difícil acceso al mercado laboral, trabajos precarios, relaciones familiares y sociales más frágiles, menor capacidad de aprendizaje y menor esperanza de vida», explica Pérez-Moreno.

El experto insiste: «No somos conscientes de la gravedad del problema; del enorme coste personal, social y económico de la pobreza infantil». El problema es grave, argumenta, «por una cuestión ética, de derechos humanos». Pero también lo es desde un punto de vista puramente economicista: «Hay un elevado consenso entre los académicos sobre el impacto de la pobreza en la eficiencia económica. Hay estudios que cifran ese coste de la pobreza en un 4 ó 5% del PIB», apunta. Porque es un «despilfarro absoluto», añade, dejar que se malogre el potencial de una parte importante del capital humano de un país».

Dándole la vuelta al argumento, Pérez-Moreno concluye: «Abordar de forma decidida el problema de la pobreza infantil permitiría avanzar a la vez en equidad en el presente y en eficiencia y prosperidad económica en el futuro». Invertir en la infancia, añade, ayudaría a romper el círculo vicioso de la pobreza y construir un «círculo virtuoso entre la equidad y la eficiencia», porque las «sociedades más igualitarias y más cohesionadas también son más prósperas y eficientes».

¿Y cómo se consigue esto? Lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera -expertos incluidos- es la educación, el ascensor social por excelencia. Pero los expertos advierten de que no basta con mejorar el sistema educativo, ya que el rendimiento de los estudiantes no depende sólo de lo bueno que sea el colegio: hay factores individuales, antecedentes familiares y políticas educativas también implicados. Y hay un estudio de la OCDE que dice que en España, de entre dichos factores, es la familia el más relevante para predecir el rendimiento educativo.

Y es que, al ser la pobreza un fenómeno multidimensional, no hay una varita mágica; hay que hacer muchas cosas a la vez. «Es un problema complejo que hay que abordar de una manera integral: afrontando los diferentes aspectos que son raíces de la pobreza y manifestaciones de la pobreza, para que esas consecuencias negativas que sufren los menores en entornos vulnerables sean menos lesivas y las cicatrices que les dejan sean menores», argumenta.

Pérez Moreno aporta dos recetas concretas. La primera y principal, mejorar las ayudas por hijos a cargo: una prestación en la que España presenta «cierta anomalía respecto a los países de su entorno porque es más pequeña y cubre a menos personas». Las ayudas para la crianza de los hijos han demostrado «ser muy efectivas» en la reducción de la pobreza infantil, asegura. La segunda: garantizar el acceso gratuito a la educación infantil entre cero y tres años para las familias con escasos recursos.

Elena Bárcena también apuesta por incrementar las ayudas para familias vulnerables, tanto en cuantía como en número de beneficiarios. Organizaciones como Unicef, Save the Children y la Plataforma de Infancia piden más: una prestación universal por hijo hasta los 18 años. Este tipo de ayudas existen ya en muchos países, entre ellos 23 de los 27 miembros de la Unión Europea. Elena Bárcena cita el caso de Polonia, que ha conseguido reducir un 40% su tasa de pobreza infantil en siete años.

Pero ¿por qué una ayuda universal? Los defensores de esta medida argumentan que la universalidad elimina de manera efectiva muchas de las barreras y exclusiones que hacen que las ayudas con límites de ingresos no lleguen precisamente a quienes deben llegar: a los hogares con menos recursos.

Esto ocurre, sin ir más lejos, con el Ingreso Mínimo Vital en España, cuyas bases han tenido que ser reformadas en varias ocasiones y aun así tiene un número de beneficiarios reducido si se compara con el número de hogares que, según los estudios estadísticos, viven bajo el umbral de la pobreza. «El IMV es un paso adelante y ayuda a paliar los efectos de la pobreza, pero no es lo suficientemente generoso como para que esas familias salgan de ella», apunta la catedrática.