La venta de las plantas de Alcoa a Parter se desbloquea tras el visto bueno de los sindicatos

Pero para que esta adquisición se selle definitivamente, Parter deberá presentar antes del 31 de este mes garantías suficientes de su solvencia económica para respaldar futuras operaciones de las plantas, algo a lo que en un principio se había negado. Se amplía el plazo de ejecución de la venta de las plantas hasta esa fecha, aunque inicialmente se esperaba cerrar la operación antes del 7 de julio. Se resuelve de esta manera la desconfianza que mostró el comité de empresa de Avilés, que se negó a suscribir la venta por la incertidumbre que les generaba, mientras que desde La Coruña se manifestaron favorables al acuerdo.

Además del tema financiero, otra de las causas por las que se complicó la venta anunciada hace unas semanas fue el hecho de que Alcoa pidió a sus empleados que ratificaran el acuerdo de venta mediante una votación, algo que no gustó a los sindicatos y desde el Gobierno les recordaron que no tenían por qué hacerlo. Finalmente la multinacional aceptó seguir adelante sin que fuera suscrito por los empleados, aunque sí se dan por enterados de la operación y la aceptan, por lo que renuncian a su propósito de buscar otros posibles compradores.

«Es una buena noticia que los representantes de los trabajadores hayan firmado su conformidad al proceso. Éste es un paso muy importante para avanzar en la adquisición de las plantas por Parter Capital», explicaron desde Alcoa, que agradeció el apoyo recibido por parte del Ejecutivo, los gobiernos de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores.

Eso sí, si Parter finalmente no presentara el aval financiero que cumpla con las condiciones exigidas -algo que ven improbable-, el despido colectivo de los 600 trabajadores de ambas plantas se iniciará a partir del 1 de agosto. Además, las partes acordaron que hasta el 31 de julio el personal que estaba en formación quedará dispensado de acudir a su puesto de trabajo sin que ello afecte a su remuneración, tal y como recoge el documento, en el que se hace un repaso de todos los pasos que se han ido adoptando.

Entre los puntos que incluye el texto, Alcoa se compromete a asumir un desembolso superior al comprometido en el acuerdo de despido colectivo, de hasta 84 millones de euros, que pagaría en 21 meses en función de determinadas condiciones. Además, pondría unos 18 millones de euros para realizar inversiones en ambas plantas.

«El acuerdo garantiza el 100% del empleo para las 600 familias afectadas, que contarán con un futuro industrial y laboral durante al menos 24 meses y una solución integral para las plantas», explicó satisfecho el secretario general de Industria, Raúl Bravo, que también resaltó que la voluntad del inversor es la de «establecerse a largo plazo en España e ir más allá». De igual manera, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, mostró la «alta» satisfacción del Ejecutivo por haberse encontrado una solución.

Algo más cauto se mostró el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que insistió una vez más en la urgencia de aprobar un estatuto para los consumidores electrointensivos, ya que si no el acuerdo alcanzado «será un parche» y todos los trabajadores de Alcoa estarán «otra vez en la cuerda floja».