El sector pesquero, en huelga en Málaga contra las normativas europeas: «Somos pescadores, no delincuentes»

«Somos pescadores, no delincuentes» coreaban este viernes los pescadores subidos a uno de los 83 barcos que tienen su base en el puerto de Caleta de Vélez, el más grande de la provincia. Convocados por las federaciones nacional y regional, y con el respaldo de otros países del Mediterráneo afectados por las cada vez más restrictivas normativas europeas para las distintas artes, el millar de profesionales que se dedican a la pesca en la provincia han hecho huelga, concentrándose en las lonjas, en protesta por unos reglamentos «que nos tratan como delincuentes», según la patrona mayor de Caleta de Vélez y presidenta de las cofradías malagueñas, María del Carmen Navas.

«Ya está en vigor el reglamento de demersales, que ha reducido los días de faena de artes como el arrastre, a apenas siete u ocho meses al año, lo que hace inviable la continuidad de los barcos y ahora está en proyecto un nuevo reglamento de control, que traerá mayores obligaciones a todos los pescadores de todas las modalidades de pesca del Mediterráneo, como la inclusión de cámaras de vigilancia en los barcos, cuando ya tenemos hasta dos sistemas de control, las cajas azul y verde, estamos geolocalizados«, ha manifestado.

En la protesta de Caleta de Vélez han participado unas 200 personas, entre ellas ediles del Consistorio veleño y de Algarrobo, con su alcalde, Alberto Pérez (PSOE). Los manifestantes han pedido la modificación del plan de gestión para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental y su adecuación a la flota, que en Málaga cuenta con unos 250 barcos y un millar de empleados directos. La pandemia ha golpeado al sector pesquero malagueño con una caída de la facturación del 10,9% en 2020. Los cinco puertos de la provincia registraron un aumento del 4,3% en el volumen de las capturas, hasta las 8.218 toneladas, pero sus ventas bajaron de 22,9 a 20,4 millones.

Los pescadores reclaman que no se sigan reduciendo los días de pesca ni aumentando las vedas para las distintas especies, además de «una verdadera política de cogestión». Asimismo, han exigido «firmeza al Gobierno central en defensa del sector». Según han detallado, el plan de gestión aprobado en 2019 a propuesta de la Comisión Europea, y en vigor desde 2020, está reduciendo la actividad de los barcos de arrastre por debajo de un umbral de rentabilidad que se establece en 190 días y va a obligar de forma progresiva al cierre de empresas y a la pérdida de tripulantes, repercutiendo en el resto de modalidades de pesca, en la industria auxiliar, y en la propia industria turística, muy importante en nuestra zona.

«No compartimos y así hemos insistido en la separación de los días de actividad pesquera de esta modalidad en costera y profundidad, porque no refleja la realidad de esta modalidad multi específica de pesca», ha expresado Navas. A su juicio, «algunos informes científicos, no actualizados, muestran una situación de sobreexplotación en algunas especies del Mediterráneo; por el contrario otros organismos como la propia FAO han informado que la sobreexplotación se ha reducido de forma importante«.

«Tampoco se ha tenido en cuenta el esfuerzo de la flota de arrastre andaluza, que se ha reducido de forma importante, a través de paradas temporales y desguaces. Tampoco los estudios tienen en cuenta los efectos de la implantación del primer año de este nuevo marco normativo. Por ello, los profesionales consideramos que no es preciso reducir más los días de pesca«, ha argumentado la patrona mayor de Caleta de Vélez.

Para los pescadores, el ajuste que ya se ha realizado «permitirá alcanzar el RMS (rendimiento máximo sostenible) en un plazo de tiempo cercano, siendo una utopía alcanzarlo en 2025 como pretende la Comisión Europa y su propio organismo científico ya ha comunicado que no es posible». Según han apuntado, el sector pesquero en su conjunto «está diseñando medidas técnicas complementarias, junto a la comunidad científica, para mejorar la selectividad de los artes, que deberán ser especificas según el área para el que se proyecten y asumibles por el sector para poder alcanzar el umbral mínimo de rentabilidad, el compromiso del sector es claro y manifiesto«.

El sector pesquero ha impulsado la creación de reservas pesqueras, y en aplicación del plan han propuesto nuevas áreas de vedas, en colaboración con la Administración central y el mundo científico. «No obstante, cada vez es más difícil crear nuevas áreas de protección y más aún llegar a superar el 30% de zonas protegidas que desde Europa pretenden a través de Biodiversidad 2030. No nos quedará sitio para pescar«, se han quejado.

Los pescadores han manifestado que el Parlamento Europeo y la comunidad científica «señalan que la causa principal de la situación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo no es la actividad pesquera, sino otras presiones humanas que han afectado de forma muy grave a las zonas de alevinaje y cría de las especies, como el cambio climático, vertidos, presión demográfica, especies invasoras, tráfico marítimo, minería marina, prospecciones petrolíferas, entre otras». «La Comisión Europea y el comisario al frente se centran únicamente en el arte de arrastre, y parece mostrarse inflexible en su decisión de reducir su actividad a su mínima expresión o de simplemente eliminarlo, lo que tendría consecuencias devastadoras para el empleo y la cohesión social«, han argumentado.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha traslado al sector pesquero del Mediterráneo occidental el apoyo de la Junta de Andalucía a las «justas reivindicaciones» que están reclamando los pescadores de la flota de arrastre, cerco y artes menores«. Crespo ha solicitado al Ministerio que presione con firmeza a la UE para que modifique el plan de gestión para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental. La consejera ha señalado que la UE está poniendo «en serio peligro el futuro de una actividad pesquera, que es sostenible en Andalucía» y, por lo tanto, «el empleo de miles de familias que dependen de este sector estratégico». La consejera ha insistido en que «la pesca diversifica la economía de los municipios costeros de Andalucía y es motor de empleo».

A juicio de la consejera, para los Veintisiete han pesado más los criterios medioambientales a la hora de fijar los recortes y han obviado que en estas decisiones también hay que contar con otros dos parámetros fundamentales como son el social y el económico. Además, ha apuntado que los informes científicos utilizados para justificar las reducciones y que apelan a la sobreexplotación «son obsoletos y es necesario actualizarlos». De esta forma, Crespo ha puesto en valor el esfuerzo que los pescadores que ya han llevado a cabo, tal y como demuestran los informes de la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que estima que esa sobreexplotación se ha reducido un 13% entre 2014 y 2019.

Crespo se ha mostrado «preocupada» por la situación en la que se está quedando la flota del Mediterráneo, que ya había pasado de 212 a 93 embarcaciones antes del reglamento y que ahora se enfrenta una nueva disminución del 7,5% en los días de pesca, descenso que se añade al 8% establecido el pasado mes de octubre. «Son 1.426 días menos de faena», ha detallado, y ha recordado la pérdida de mercado que ha sufrido el sector como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Crespo ya se mostró «muy crítica» el pasado mes de diciembre tras conocer el acuerdo sobre el reparto anual de los Totales Admisibles de Capturas (TACS) y el plan del Mediterráneo al que llegaron los ministros de Pesca de la Unión Europea y lamentó que antes de decidir estos recortes adicionales «no se elaboró un informe de impacto para conocer si los esfuerzos que ha llevado a cabo el sector han tenido sus frutos en una mejoría del caladero». Por último, la consejera ha mostrado también su preocupación ante el nuevo reglamento de control de la pesca y la acuicultura, que «parece criminalizar a un sector de forma totalmente injustificada».