El sector agrario andaluz rechaza el decreto de convergencia de la PAC del Gobierno y anuncia movilizaciones

El decreto de convergencia de la nueva Política Agraria Común (PAC) para los años 2021 y 2022, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, ha generado un gran rechazo en el sector primaria andaluz. Además de la Junta de Andalucía, que ha pedido su retirada inmediata, las principales organizaciones agrarias de la región, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, han mostrado su disconformidad con la normativa y han anunciado «contundentes movilizaciones en cuanto el Covid lo permita».

Para estas organizaciones, el Real Decreto de Convergencia aprobado en el Consejo de Ministros, regula las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023. Las organizaciones han denunciado a través de un comunicado que esta normativa resultará «muy dañina para el modelo social y profesional de la agricultura, se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato».

Por ello, las organizaciones de productores y Cooperativas Agro-alimentarias han anunciado «contundentes movilizaciones en cuanto el Covid lo permita, dispuestos a revertir esta situación». Para el sector agrario andaluz, la aprobación de esta norma «supone un grave perjuicio para el modelo social y profesional de la agricultura, que es clave para la economía andaluza, y va a generar un daño irreversible a un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario, gestiona el territorio y es el que fija población en nuestra región«.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han considerado que lo aprobado ayer por el Gobierno central «es una reforma brutal con una convergencia casi total, concretamente, del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media, »de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores«.

«Se trata de una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita, sin obligación por parte de la UE, y que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues pretende plantear una tasa plana que primará la superficie sobre la producción«, han manifestado. Por último, las organizaciones agrarias y cooperativas han reiterado su »compromiso« de luchar para que esta situación cambie y »se respete el esfuerzo ejercido durante generaciones por este sector clave para el presente y el futuro de la alimentación y de Andalucía«.