Un nuevo decreto de pesca busca reforzar la calidad y las garantías al consumidor

Además de recoger los cambios introducidos en 2015 por la normativa estatal, el decreto andaluz introduce novedades para aumentar el valor añadido de los productos y reforzar la protección del consumidor. Entre ellas destacan la obligación de realizar la primera venta en lonja para el marisqueo desde la embarcación, la simplificación administrativa de los trámites que se exigen a los mariscadores a pie y la posibilidad, para ambos subsectores, de vender las capturas ya sometidas a depuración. También se prevé la inclusión, en las etiquetas expedidas por las lonjas, de la denominación de los caladeros donde pesca la flota andaluza.

De acuerdo con el decreto, las lonjas de los puertos y sus centros de expedición asociados son los únicos recintos donde se puede realizar la primera venta de los productos de la pesca extractiva y del marisqueo de embarcación, sean vivos, frescos o refrigerados, de forma que se excluyen los congelados o transformados a bordo. De este modo, desde el momento de la descarga se aseguran los controles para la protección de los recursos, sobre tallas mínimas, épocas de veda y especies prohibidas, entre otros, y la obtención de los datos de producción.

La norma también regula la primera venta a través de contratos acordados antes de la captura, que ya se viene realizando a raíz de la legislación estatal de 2015. Con esta modalidad, que se añade a la tradicional de la subasta, el armador se asegura la venta y el comprador el precio que va a pagar. Como novedad, el decreto andaluz exige que estos contratos se formalicen por escrito, se registren en la lonja y contengan información sobre su duración, especies y precio.

En Andalucía hay 25 lonjas (12 en el Golfo de Cádiz y 13 en el Mediterráneo), con un censo vinculado de 1.703 compradores. El pasado año gestionaron una producción de 48.124 toneladas por un valor de 150 millones de euros. En estos datos se incluyen los de los nueve centros de expedición asociados, situados en Sanlúcar de Barrameda y La Atunara (Cádiz); Isla Cristina y Punta Umbría (Huelva), y los puertos malagueños de Caleta-Vélez, Estepona, Fuengirola, Marbella y Málaga.

Respecto a la actividad marisquera a pie o en inmersión, la pesca de almadraba, los congelados o transformados a bordo, la acuicultura y las algas y argazos, la primera venta puede realizarse, además de en las lonjas, en establecimientos autorizados por la Administración pesquera. En el caso de la producción acuícola, tienen esta consideración los centros de cultivos de especies marinas.

Además de los nueve centros de expedición asociados a lonjas, la comunidad cuenta con 48 establecimientos autorizados para primera venta de productos de marisqueo a pie (88.538 kilos anuales por valor de 304.221 euros); dos para productos de las almadrabas en Barbate y Conil de la Frontera (390.737 kilos y 5,99 millones), y dos para congelados en Huelva (3.251 toneladas y 56,5 millones). Respecto a la acuicultura, hay 77 empresas con instalaciones en tierra y 24 en mar, con una producción anual conjunta de 6.875 toneladas.