Almáchar y El Borge consideran «inaceptables» las pérdidas que provocará la nueva PAC en la uva pasa

La cantidad se deriva del nuevo decreto de transición de la PAC, tal y como han denunciado también en estos últimos días la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Málaga. Los regidores han asegurado que «siempre vamos a estar posicionados al lado de agricultores y vecinos de nuestros municipios y de toda la Axarquía, y exigimos tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central que hagan lo propio». En la Axarquía hay unas 2.000 familias dedicadas a este cultivo, que produce unos 180.000 kilos al año.

Yuste y Vallejo han manifestado sentirse «sorprendidos» ante una situación «a todas luces inexplicable», máxime después de que la uva pasa se convirtiera en Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIMPAM) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en abril de 2018. Ambos alcaldes han considerado a través de un comunicado que «estar en estos momentos con agricultores y vecinos no es una cuestión ni de partidos ni de ideologías, sino de sentido común». Para los regidores de estos dos municipios de la Axarquía, los principales productores de la comarca, el cultivo de la uva pasa «lo que necesita es ayudas, no piedras en el camino».

Los regidores de Almáchar y El Borge han recordado que tanto desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno central como desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía se apuntó al sector de la uva pasa «como ejemplo del futuro de la PAC», y que existe el compromiso de ayudas asociadas dentro de estas políticas para el sector. «Es el momento de pasar de las palabras a los hechos para no perjudicar seriamente aún más a productores y agricultores».

Yuste y Vallejo han pedido además que las administraciones públicas se hagan eco de esta situación, la denuncien y hagan «todo lo posible para evitar más perjuicios a un cultivo milenario que es seña de identidad de la comarca de la Axarquía y la provincia de Málaga». Los dos alcaldes se han mostrado en este sentido dispuestos «a seguir presionando en los ámbitos que sean necesarios para acabar con una circunstancia sin duda injusta y perjudicial para la economía local y comarcal».

Por su pate, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la justicia retributiva en las ayudas directas de la PAC y ha asegurado, ante las críticas al real decreto aprobado el pasado martes por considerar que las medidas para lograr la convergencia son bruscas, que «lo brusco es el inmovilismo».

En una entrevista con Efeagro para analizar la situación actual del sector agroalimentario y sus desafíos de futuro, Planas ha insistido en que lograr la convergencia -que dos agricultores que hagan el mismo trabajo reciban la misma ayuda- es una cuestión de justicia, por lo que está de acuerdo con las indicaciones de la Comisión Europea (CE). La CE recomendó en diciembre a España que «avanzara significativamente» en el proceso de convergencia interno, en la distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios y en eliminar su vínculo con las referencias históricas.

«Que el 80% de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) lo perciba un 20% de los titulares no me parece normal. Hay 680.000 perceptores en el conjunto de España y esta convergencia es necesaria desde el punto de vista redistributivo y de cara al funcionamiento y los retos del sector», ha afirmado el ministro. Y también, según ha recordado, frente al reto de la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, pues a su juicio «la distribución actual de derechos de pago les penaliza claramente».

«Vamos a avanzar de forma progresiva y moderada en este proceso. Lo que hacemos es, en 2021 y 2022, avanzar dos pasos más en un camino que se alargará hasta 2027. Lo brusco es el inmovilismo, es no hacer nada», ha subrayado. Respecto a la reacción al real decreto, como la expresada por el gobierno andaluz o distintas voces del sector agrario, Planas ha considerado que hay un «consenso básico» con una autonomía «que se ha opuesto y prefiere un modelo de inmovilismo» y otras que «quieren convergencia ya».