¿Hay que acostumbrarse a los desastres naturales?

No podemos evitar las lluvias, pero tal vez sí muchos de los daños que provocan. Sabemos que la deforestación de la cuenca de aportación a los cauces, la erosión de los suelos, los obstáculos al flujo del agua, la ocupación de las llanuras aluviales, la urbanización y los drenajes inadecuados, la errónea planificación del territorio, las limitaciones en los avisos a la población en caso de emergencia y, por supuesto, el cambio climático son factores que aumentan los daños provocados por las inundaciones.

La DANA que ha asolado Valencia ha provocado más de 200 fallecidos y daños materiales millonarios en viviendas, empresas e infraestructuras. La desolación ante la muerte y la destrucción es inconsolable y la indignación resulta comprensible. Pero ¿tenemos que acostumbrarnos a los desastres naturales?

El cambio climático está haciendo que sean cada vez más frecuentes e intensas las lluvias torrenciales asociadas a una DANA: son el doble de probables que en el mundo preindustrial y un 12% más intensas, según el World Weather Attribution (WWA), una iniciativa creada en 2014 que estudia el impacto del cambio climático en eventos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías y tormentas. La primera vez que los científicos identificaron claramente el impacto del cambio climático en un fenómeno meteorológico fue con la ola de calor que en 2003 mató a 70.000 personas en Europa. Desde entonces ha habido muchos otros desastres extremos como el ciclón tropical Nargis, que se cobró más de 100.000 vidas y destruyó pueblos enteros en Myanmar en 2008. En los últimos diez años, los diez fenómenos meteorológicos más letales han causado más de 570.000 muertes.

Lo primero que se observa al analizar estos episodios es que no es solo la fuerza de la naturaleza la que determina cuánto desastre provoca (incluyendo el mayor desastre, que es la pérdida de vidas humanas), sino que la vulnerabilidad y la exposición de la población convierte los fenómenos meteorológicos extremos en desastres humanitarios.

En España, cerca de tres millones de personas viven en zonas inundables, ya sea por riadas o por la subida del mar, aunque pueden pasar muchos años hasta que eso ocurra, según los mapas de riesgo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Si quieres ver si vives en una zona con riesgo de inundación, aquí está el mapa interactivo del ministerio.

Para entender los mapas y estudios de zonas en riesgo de inundación hay que observar que llevan un apunte temporal: por ejemplo, zona inundable de 100 años de periodo de retorno. Ese periodo es el tiempo promedio entre sucesos de igual magnitud y apunta a la probabilidad de que ocurra. Pero esto puede llevar a pensar que el riesgo es pequeño porque pasarán muchos años entre sucesos. En realidad, los expertos explican que es mejor utilizar la inversa del periodo de retorno, que es la probabilidad anual media de superación del valor de lluvia o caudal del evento. Por ejemplo, en la zona inundable de 100 años de periodo de retorno, la probabilidad de que en un año haya inundación es de una entre cien, es decir, cada año hay al menos un 1% de probabilidad de inundarse.

Cuando ocurre una tragedia hay que analizar las causas y determinar los responsables para poner remedio. No siempre es inevitable o queda fuera de la capacidad o influencia de las autoridades locales o nacionales. Y uno de los factores clave que determinan la vulnerabilidad ante choques climáticos son los patrones de urbanización y desarrollo espacial. En lenguaje llano, ¿dónde vive la gente? ¿dónde se asientan los pueblos?

Un estudio publicado en la revista Nature (de Rentschelr, Avner y Marconcini) que analiza el rápido crecimiento urbano desde 1985 en zonas propensas a las inundaciones, muestra que hasta 2015 hubo un incremento de hasta el 122% de estos asentamientos en áreas inundables en todo el mundo. Es decir, que se duplicaron en zonas de riesgo y crecieron mucho más que en las zonas no expuestas, especialmente en Asia oriental, pero también en muchas otras áreas. Incomprensiblemente desde el punto de vista de la seguridad, muchos países continúan aumentando su exposición a shocks climáticos cada vez más frecuentes.

Parece evidente que es necesario revisar la planificación urbana y los usos del suelo para adaptarlos al clima y a los fenómenos extremos, de ahora y del futuro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento incluirá «la transformación del territorio de la Comunidad Valenciana para adaptarlo a las emergencias climáticas». Una vez haya pasado el tiempo de las medidas urgentes y se hayan asentado las ayudas a las empresas y trabajadores afectados, este punto de la transformación del territorio será el más importante y el que tendrá consecuencias más relevantes, pero que sean positivas o no para la población dependerá de cómo se realice. Aquí cabe desde la construcción de embalses y pantanos hasta replanteamientos urbanísticos que podrían llegar en algún momento al traslado y expropiación de viviendas y locales.

Entre 1998 y 2004 Europa sufrió más de cien inundaciones graves, que causaron el desplazamiento de aproximadamente medio millón de personas y al menos 25.000 millones de euros de pérdidas económicas. Por este motivo, la Comisión Europea adoptó en octubre de 2007 una directiva sobre la evaluación y gestión de las inundaciones, que introduce un nuevo enfoque e instrumentos de mitigación de los daños causados por las inundaciones. España la transpuso al ordenamiento jurídico español en 2010.

Cada año, los desastres naturales en España provocan pérdidas (directas e indirectas) de alrededor de 3.000 millones de euros, según el Barómetro de Catástrofes Naturales. En el periodo 2016-2020 las pérdidas económicas acumuladas ascendieron a 12.067 millones de euros (lo que da una media de 2.413 millones anuales), pero esto no para de crecer y en 2022 (último año del que se tienen datos) se elevaron a 2.900 millones de euros y 25.200 empleos perdidos. Tomando casos concretos de desastres naturales, la DANA de 2019 sobre Alicante y Murcia tuvo un coste económico de 1.319 millones de euros y Filomena, que paró la actividad entre el 6 y el 19 de enero de 2021 en las comunidades autónomas afectadas pero su impacto duró semanas, provocó unos costes económicos de 1.157 millones de euros.

Esta DANA ha arrasado pueblos enteros, polígonos industriales, todo el área de cultivo y superará ampliamente el coste promedio. Llevará tiempo recuperar el nivel de actividad económica, especialmente en la agricultura, donde pueden pasar años para que la tierra vuelva a ser productiva.

El coste económico de los fenómenos hidrológicos en toda la Unión Europea ascendió aproximadamente a 166.000 millones de euros entre 1980 y 2017, según un informe del Tribunal de Cuentas europeo, lo que representa casi un tercio de las pérdidas provocadas por fenómenos relacionados con el cambio climático. Y se prevé que los daños causados en toda la Unión Europea por inundaciones resultantes de la combinación de cambios climáticos y económicos aumenten, pasando de los 7.000 millones de euros anuales en el período 1981-2010 a 20.000 millones de euros anuales en la década de 2020, 46.000 millones de euros anuales en la década de 2050 y 98.000 millones de euros anuales en la década de 2080. Eso supone que se incrementarán un 1.400% los daños económicos. También el Foro Económico Mundial establece que el primer riesgo global es el clima extremo. Así aparece en sus informes año tras año.

No podemos evitar que llueva, pero el daño que causen las lluvias depende en gran medida de lo preparados que estemos. Los sistemas de alerta temprana sirven si se usan adecuadamente; una buena planificación urbanística sirve; los nuevos sistemas de contención y desvío sirven; los seguros sirven; la implicación de todas las autoridades sirve; la solidaridad sirve…

No podemos evitar las lluvias. Hagamos todo lo posible por evitar los daños.

Hoy no hay feliz viernes sino un fuerte abrazo a todos los afectados.

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