El Gobierno concede una vida extra a las cabinas pese a los deseos de Competencia

Las tan populares y ahora en progresivo desuso cabinas telefónicas continuarán formando parte del paisaje español al menos otro año más, pese a que ya han desaparecido en algunos de nuestros socios europeos (Francia, Bélgica, Dinamarca) o llevan camino de hacerlo (Italia). Tampoco es que fueran a borrarse todas de un plumazo, pues hasta las operadoras, las mismas que no quieren hacerse cargo de un servicio perjudicial para sus arcas, admiten que un porcentaje mínimo podría pervivir para garantizar «un sistema de comunicación público para emergencias».

El problema es que el Gobierno no está por la labor de acometer ahora esa reconversión, por más que los tiempos en España hay más de 50 millones de móviles y la cruda realidad algunas cabinas apenas se usan para dos llamadas a la semana así lo aconsejen. Por eso, en los próximos días el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobará una orden que impondrá a Telefónica, principal compañía de telecomunicaciones del país y antiguo monopolio, hacerse cargo de las cabinas tres años más: desde el 1 de enero próximo al 31 de diciembre de 2019.

Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), eso «no parece muy en consonancia con los principios básicos inspiradores del derecho» de un mercado libre, sobre todo considerando que en la licitación que se convocó para tal fin se establecía como período del servicio un año. «Esa duración era una de las características esenciales del contrato», inciden los responsables del órgano supervisor en su respuesta al borrador de orden ministerial que les pasó el Ministerio hace pocas fechas y donde recomiendan que se imponga (en este caso a Telefónica) «el plazo mínimo posible para causarle los menores perjuicios o inconvenientes económicos». Y lo hace tras haber aconsejado meses atrás que se «evaluara» la conveniencia de un servicio «en declive y de baja rentabilidad», asumiendo que «la imposición de una obligación de servicio público a una empresa privada» parece la única solución factible tras quedar desierto el concurso correspondiente.

En realidad, fueron tres las licitaciones que publicó el Ejecutivo en septiembre para sendos elementos del servicio universal y todas quedaron sin poder adjudicarse. En el caso de los teléfonos públicos de pago y las guías hoy en día se publican las listas en una página web y solo se mandan a quien las solicita, con apenas un centenar de peticiones en 2016, ninguno de los tres grandes operadores (Telefónica, Vodafone y Orange, los únicos con capacidad real para prestarlo) quisieron hacerse cargo.

Hay que remontarse hasta 1928 para encontrar el primer teléfono público montado en España; fue en un centro de ocio dentro del Parque del Retiro madrileño. Las cabinas como tales no llegarían hasta finales de los años sesenta para llegar a su punto álgido a principios de 1999, con más de 55.000 unidades repartidas por todo el país. Hasta entonces eran gestionadas por Retevisión, y Euskaltel en el País Vasco. Telefónica entró aquel año en el negocio (con su filial TTP) cuando todavía merecía tal adjetivo.

Pero en apenas una docena de años, y conforme crecía el desarrollo de la telefonía móvil según la última memoria de la CNMC, en España hay 109 líneas por cada 100 habitantes tras subir un 1,3% en 2014, su primer alza tras varios años de caídas iniciadas con la última crisis, han dejado de ser rentables. Telefónica estima que pierde claramente dinero con dos tercios del parque actual, 18.300 cabinas disponibles las 24 horas del día. Son apenas una tercera parte del máximo existente en la vía pública a finales del siglo pasado (contando las disponibles en otras instalaciones, el total superaba las 90.000), tras reducirse una media de 5.000 al año durante la presente década.

Siete millones al año

Las operadoras calculan que su mantenimiento, directo e indirecto, cuesta cerca de siete millones de euros anuales, muy por encima de los 1,2 millones que la CNMC estimaba en 2013. Apuntan, además, que el uso de las cabinas se ha desplomado a un ritmo del 32% anual los tres últimos ejercicios, mientras que la ley sigue obligando a la concesionaria a tener, como mínimo, una operativa en cada localidad de menos de 1.000 habitantes y a partir de ahí otra por cada 3.000 habitantes para el resto.

Probablemente conscientes de ello, en el Ministerio prevén introducir una cláusula en la orden referida a fin de que la imposición de tres años más de vida para las cabinas pueda reducirse sobre la marcha a uno. Para ello, advierte, haría falta una nueva legislación europea o nacional que deje de considerarlas también a las guías parte del servicio público universal. A este respecto, la UE ya está elaborando un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, aunque por el momento no tiene fecha.

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