La crisis frustra en la provincia proyectos millonarios promovidos para atraer a industrias

Se idearon en pleno boom urbanístico con la finalidad de facilitar la implantación de industrias, diversificar la actividad económica en sus municipios e incluso comarcas, apoyar a los emprendedores y favorecer la creación de empleo. Unos fueron más ambiciosos que otros, sin embargo la crisis económica ha terminado frustrando muchos de ellos, bien porque han quedado inacabados por falta de recursos, bien porque los altos precios de las parcelas alejan a los inversores e incluso porque no despiertan el interés de los empresarios, teniendo en cuenta la enorme oferta que existe de naves y suelos en todo tipo de polígonos a lo largo y ancho de la provincia. La burbuja inmobiliaria también ha afectado al suelo industrial.

El caso más llamativo es el del Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga. Su ejecución ha supuesto una inversión de casi 33 millones de euros. Aunque tiene capacidad para 40 empresas vinculadas al sector agroalimentario, desde su culminación en 2011 sólo ha logrado vender cuatro parcelas, aunque sólo dos firmas están funcionando. La última venta es de hace menos de un mes y ha sido a una empresa audiovisual y de alquiler de equipos de sonido e iluminación que nada tiene que ver con la filosofía del proyecto.

El complejo fue promovido por el Ayuntamiento de Vélez y la Junta de Andalucía con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y la investigación en la industria agroalimentaria con el fin de dar valor añadido al agro. Sin embargo, acuciada por las deudas, la empresa que gestiona la tecnópolis, integrada por la empresa municipal de la Vivienda (Emvipsa) y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA), que tiene que hacer frente al pago de un préstamo de 9,5 millones de euros solicitado para ejecutar las obras de urbanización, se ha visto obligada a vender ya una de las parcelas a una industria que no tiene nada que ver ni aporta al sector agroalimentario para poder abonar las facturas. «No hemos tenido otro remedio. Con los 230.262 euros de los 1.257 metros cuadrados del suelo en el que se ubicara esta empresa tenemos para pagar un año el préstamos hipotecario», ha explicado el alcalde de Vélez y presidente del Parque Tecnoalimentario, el socialista Antonio Moreno Ferrer.

Ello no ha impedido que incluso desde el propio equipo de gobierno en el Ayuntamiento algunas formaciones hayan criticado la operación por entender que se corre el riesgo de convertir el Tecnoalimentario en un polígono industrial. Hace sólo dos meses la empresa Parque Tecnoalimentario decidía cesar al gerente del complejo ante la imposibilidad de poder hacer frente a los gastos que conlleva el cargo. El sueldo de la gerencia era de 50.000 euros al año.

Aunque han rebajado los precios a la mitad e incluso han abierto a la puerta la opción de alquiler con opción a compra, el Parque no ha sido capaz de atraer a las numerosas empresas subtropicales creadas en la zona atraídas por el buen momento por el que atraviesan cultivos como el aguacate o el mango.

Humilladero

Aunque menos ambicioso en cuanto a gasto final, otro ejemplo de fiasco es el Tecnoparque Industrial de Humilladero. Surgió como un segundo PTA de la provincia en los años de bonanza del ladrillo. Al igual que el Tecnoalimentario veleño solo cuenta con dos empresas funcionando. Una se dedica a prefabricados de hormigón. La otra son las instalaciones del Centro Logístico de Unicaja, entidad propietaria de la mayor parte de los 253.000 metros cuadrados del Tecnoparque, situado junto a la A-92 y abierto desde 2008. Su ejecución supuso una inversión de cinco millones de euros, de los que 3,7 se destinaron a la urbanización y, el resto, fue lo que costó la adquisición de los terrenos. La financiación corrió a cargo de una sociedad gestora formada por el Ayuntamiento y Unicaja.

Dada su situación el Consistorio terminó por vender gran parte de las participaciones. El complejo se proyectó para empresas tecnológicas, agroalimentarias y de energías renovables, pero de momento no se cumplen esos requisitos. El Ayuntamiento está trabajando para conseguir una conexión directa con la autovía para facilitas las salida al mercado de los terrenos.

Embargos

Fuente de Piedra tampoco se ha librado de los efectos de la crisis en sus proyectos para atraer industrias. El municipio optó por un polígono industrial por fases y ocupó la superficie que urbanizó con pequeñas y medianas empresas, pero también con alguna de gran tamaño como Miquel Alimentació Group. Planteó además una nueva fase y adquirió los terrenos conjuntamente con una empresa privada, pero le salió mal la jugada, ya que recientemente se ha conocido que al entrar su socio privado en concurso de acreedores y tener deudas, los terrenos han sido embargados por la Agencia Tributaria.

Otro caso es el de Riogordo. Cuenta con un polígono de 31.180 metros cuadrados, situado junto a la Carretera de Arco, con capacidad para 42 naves. El proyecto lleva paralizado desde 2010, cuando se invirtieron los últimos fondos procedentes del Plan Zapatero. El complejo, que ha costado ya más de 1,2 millones de euros, fue impulsado con un convenio firmado en 1995 con un particular, por lo que 13 de las naves son propiedad de esta firma. No obstante, las obras requieren todavía de 564.000 euros de inversión. El Ayuntamiento confía en poder concluirlo para 2018, según el alcalde Antonio Alés (PP). Este año ha previsto 424.000 euros para terminar el asfaltado, las aceras y la electrificación, y busca 140.000 euros para ejecutar una depuradora y un aljibe.

En el otro lado de la balanza está el Puerto Seco de Antequera, cuyo ejecución se anunció en marzo de 2015 por la Junta de Andalucía, pero que sin embargo sigue en dique seco, pendiente de licitación.

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Benalmádena, en el que la Junta de Andalucía invirtió cerca de 1,5 millones de euros, nunca ha llegado a abrir sus puertas, a pesar de que las obras terminaron en 2012. En febrero de este año, el Ayuntamiento recibió una propuesta de convenio por parte del Gobierno autonómico, que prevé ceder este espacio al Consistorio a cambio de acceder a la titularidad de las instalaciones municipales en la planta del edificio Innova que en la actualidad funciona como vivero de empresas. Entre las opciones que baraja el equipo de gobierno para el antiguo CADE cobra fuerza el traslado de la biblioteca de Benalmádena Pueblo y de algunas de las delegaciones municipales con mayor carga de trabajo, como Urbanismo. En Coín, el CADE está a plena capacidad, aunque su siuación es de «abandono». Además, desde hace varios años la mitad de las naves de uso industrial están ocupadas por los servicios operativos del Ayuntamiento, cuyos materiales ocupan la plaza central del entorno.

En esta información han colaborado : Alberto Gómez, Javi Lara, Eugenio Cabezas, Iván Gelibter, Vanessa Melgar y Antonio J. Guerrero.