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David Valera
Miércoles, 21 de octubre 2015, 14:18
Las facturas guardadas en los cajones de las administraciones públicas vuelven a complicar las cuentas de España con Bruselas. En concreto, el Ministerio de Hacienda tendrá que imputar 1.518 millones extra (el equivalente a 0,15% del PIB) al déficit de 2015 por unos gastos generados antes de 2013 por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza, pero no declarados a la Intervención General del Estado hasta el presente ejercicio. En concreto, esas partidas corresponden a inversiones en carreteras y centros penitenciarios por valor de 1.318 millones en Cataluña, y a la construcción de un tranvía por 200 millones en Zaragoza, según el comunicado publicado hoy por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
En la nota, Hacienda informa de que Eurostat ha validado las cuentas de las administraciones públicas de 2013 así como los datos provisionales de 2014. En este sentido, el Ministerio explica que en los datos de 2013 se habían registrado inversiones públicas correspondientes a diversos contratos de colaboración público privada firmados en años anteriores por la comunidad autónoma de Cataluña y por el Ayuntamiento de Zaragoza y de los que las autoridades estadísticas nacionales no tuvieron conocimiento hasta el presente ejercicio.
Al descubrir estos gastos Hacienda quiso imputarlos de acuerdo al criterio empleado en ocasiones anteriores al año 2013 por tratarse del último año en el que no se habían cerrado los datos definitivos de contabilidad nacional. Sin embargo, desde Eurostat pidieron incluirlo en 2015 por tratarse del ejercicio en el que se conocieron dichos gastos. Es decir, este año contará con 1.518 millones extra de gasto que complicará todavía más la senda de estabilidad presupuestaria que ya cuestionan tanto la UE como el FMI. Sin embargo, desde Hacienda han insistido en que no pone en riesgo el cumplimiento del déficit.
En cualquier caso, para evitar nuevas sorpresas Hacienda asegura que el Comité Técnico de Cuentas Nacionales llevará a cabo en los próximos días actuaciones directamente encaminadas a la verificación y contraste de la información suministrada por estas administraciones, abriendo las correspondientes actuaciones de investigación.
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