Ruiz-Mateos muere sin declarar por el caso de los ERE fraudulentos

José María Ruiz Mateos muere siendo uno de los más de 270 imputados del caso de los ERE, pero la jueza Mercedes Alaya nunca logró tomarle declaración. La anterior instructora de los ERE imputó al empresario y a seis de sus hijos (Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz Mateos Rivero) por las ayudas recibidas de la Junta para financiar varios expedientes de regulación de empleo de su grupo empresarial en esta comunidad, en concreto el hotel Cervantes de Torremolinos, la empresa Dhul de Jaén, el Complejo Bodeguero Bellavista y el de Zoilo Ruiz Mateos. En sus autos Alaya cifra en 21,9 millones de euros la financiación ilegal de la Junta a los Ruiz Mateos con cargo a la partida de los ERE, la ya famosa 31L, llamada también fondo de reptiles. Además detecta varios intrusos en la lista de prejubilados, algunos familiares del conseguidor Juan Lanzas, uno de los principales cabecillas de la trama.

Los Ruiz Mateos contactaron para acceder a estas ayudas con Lanzas, quien le prometió la mediación con la Junta de Andalucía a cambio de 600.000 euros por cada ERE, que, según Alaya, le fueron entregados en sobres mensuales o quincenales de 20.000 a 25.000 euros y en billetes de 500 euros.

Alaya no logró que Ruiz Mateos compareciera debido a su enfermedad. Sí comparecieron en el juzgado sevillano sus hijos, a los que acusó de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, y a los que les impuso una fianza civil de 8,7 millones de euros.