Los trabajadores del CAC Málaga se plantan ante el «limbo» en el que se encuentran y anuncian movilizaciones

La pelota va de un tejado a otro y en medio están ellos, 27 trabajadores (todos fijos, menos un fijo discontinuo) de administración, mantenimiento, sala, comunicación y educación que en algunos casos llevan en esas oficinas desde la inauguración del centro en 2003. Como Pilar Díaz: «Estamos en tierra de nadie y la salida no depende de nosotros», se lamenta. Y como su directora, Helena Juncosa, que tomó las riendas tras la marcha de Fernando Francés. «Nadie quiere tener responsabilidad sobre nosotros. Es muy triste», añade.

Solo les queda hacerse oír. Los trabajadores han decidido iniciar movilizaciones, incluso durante la Feria, tras no haber recibido «ninguna respuesta clara por parte del Ayuntamiento sobre la subrogación», explica Mihail Tlesanu, representante sindical. Lo que tienen, de momento, es un correo electrónico recibido hace un par de días en el que el departamento jurídico del Área de Cultura y Patrimonio Histórico les informaba de que el Ayuntamiento de Málaga es «ajeno a la relación laboral existente entre la empresa Gestión Cultural y su personal», en respuesta a un correo previo en el que el asesor de la concesionaria preguntaba qué iba a suceder con la plantilla tras el 18 de septiembre.

Los servicios jurídicos de Gestión Cultural y Comunicación, no obstante, defienden el derecho de subrogación de sus trabajadores. Según explican desde la representación sindical, en su convenio colectivo se especifica que los trabajadores del CAC son «personal subrogable». De hecho, según asegura el gerente José Luis Díaz, el Ayuntamiento le solicitó hace unos meses «la relación de trabajadores a subrogar». También en los pliegos del concurso que ha ganado Gestión Cultural desde la primera convocatoria se contempla la «subrogación de la empresa que entrase a optar por la gestión del CAC».

Pero la diferencia es que ahora no es otra empresa la que se hace cargo del centro, sino el propio Ayuntamiento. Y, además, se desconoce cuál será la actividad concreta de este espacio ni el personal que será necesario, toda vez que el Área de Cultura prevé integrarlo en un concepto museístico nuevo, junto con el MUPAM y las salas de la Coracha. Un modelo en el que trabaja a nivel administrativo y laboral con el asesoramiento de dos bufetes de abogados.

Se trata, por tanto, de una cuestión técnica que tendrán que dilucidar los servicios jurídicos de ambas partes y que podría terminar en los tribunales si no se llega a un acuerdo. «Estamos muy estresados sin saber lo que tenemos que hacer. Me preocupa que lleguemos al final y nos quedemos en un limbo si no nos subrogan unos ni nos despiden otros», declara Juncosa. «Ya llevamos meses así y hemos pasado por todos los procesos, como un duelo; por la incredulidad, la incertidumbre y la preocupación de ver que aquí hay una cuenta atrás y no terminamos de ver claro qué va a ocurrir», añade Pilar Díaz.

Cunde entre ellos una cierta sensación de desprotección y de vacío, porque esto se sabía que iba a ocurrir y se ha dejado correr el tiempo. Desde que se aplicó la prórroga de un año a Gestión Cultural se conocía que el 18 de septiembre era la fecha límite y, aunque ha habido un intercambio de correos de uno y otro lado, no se ha producido ninguna reunión formal entre la empresa y el Ayuntamiento para resolver el futuro de los trabajadores.

Desde la gerencia del CAC, no obstante, se insiste en que llevan «mucho tiempo» trabajando en este tema y por iniciativa del centro. «Nosotros contestamos a todo lo que se nos indica. Estamos en permanente contacto con Cultura y con el personal», señala José Luis Díez, quien resalta que a fecha de hoy nadie se ha dirigido a la empresa para cambiar la titularidad de servicios tan básicos como la luz o el teléfono.

Lo único que se ha hecho público es que el CAC cerrará tras el 18 de septiembre por un tiempo indeterminado para acometer algunas reformas y cambiar la instalación del aire acondicionado. El 1 de septiembre se desmonta la última exposición temporal y solo quedará la colección permanente, salvo que el Ayuntamiento pida también que se retire. Un cierre que para los trabajadores supone otro «jarro de agua fría» en el proceso porque abre un periodo de inactividad, sin plazo fijo para la vuelta y sin una perspectiva de que salgan a concurso determinados servicios que ahora desempeñan. «Es inquietante para nosotros, nos quedamos en la nada en el sentido administrativo», concluye Pilar Díaz.