El juez deniega el desalojo de La Invisible

El Ayuntamiento, de momento, no entra a valorar el asunto pero fuentes del equipo de Gobierno confirman que han recibido la resolución judicial y remiten a lo que De la Torre lleva en su programa electoral: «Facilitaremos espacios municipales compartidos a distintas iniciativas culturales privadas que promuevan la creación del talento joven y alternativo». Para ello, indican, cerrarán acuerdos con entidades que demuestren experiencia previa para la cesión de equipamiento público «sin exclusividad». Una precisión, esta última, que alude directamente a la línea roja fijada por el alcalde para permitir a la Invisible continuar en el histórico edificio: que los 1.800 metros cuadrados se dividan en al menos tres partes y puedan ser utilizados por diferentes colectivos.

Es el último capítulo de un complejo conflicto que no termina de resolverse 16 años después de que este edificio abandonado de la calle Nosquera, de propiedad municipal, fuera ocupado por colectivos socioculturales que sentían que no tenían espacio en los circuitos oficiales. Hace justo un año, en mayo de 2022, el juzgado de lo contencioso-administrativo paralizó el desahucio de forma temporal hasta tomar una decisión sobre la medida cautelar que pedía la Casa.

Los colectivos que la habitan alegaron entonces una «urgencia no acreditada por los informes técnicos» y recordaron que continuaba pendiente de resolución el recurso presentado para frenar el anterior intento de desalojo en 2018. Se trataba de una medida que pretendía dar cuerpo jurídico a una nueva toma de contactos con el Ayuntamiento para la cesión del edificio, pero ese reencuentro nunca se produjo. Tras tres años con las relaciones congeladas, el procedimiento se reactivó hace año y medio, en octubre de 2021, a iniciativa de Ciudadanos y para todo lo contrario: poner en marcha el desalojo.

En octubre de 2022, el juzgado de lo contencioso-administrativo N.º4 comunicó la desestimación de la suspensión cautelar, lo que abría la puerta al Ayuntamiento para reiniciar el proceso de desalojo por la vía judicial. Y así lo hizo, pidiendo una vez más una orden judicial para tomar el edificio por la fuerza, una vez agotados todos los plazos para la salida voluntaria de los colectivos que desarrollan en su interior actividades. Una autorización que ahora ha sido denegada, aunque ninguna de las partes ofrece la argumentación jurídica detrás de esa decisión.

La respuesta judicial llega en un momento delicado a nivel político, a las puertas de una nueva cita con las urnas y con la Invisible como uno de los temas candentes de enfrentamiento entre los partidos. Ciudadanos es el más tajante en su petición de vaciar el edificio y sacarlo a concurso, y el más crítico con la actitud de De la Torre, su socio de Gobierno, en este asunto. El alcalde de Málaga mantiene una postura más discreta y abierta al diálogo, aunque con condiciones. De la Torre y representantes de La Invisible retomaron, de hecho, las conversaciones el pasado enero tras cuatro años y medio sin contactos. Dos reuniones en una semana en las que acordaron intercambiar un borrador de puntos básicos para el consenso, aunque con claras diferencias entre ellos sobre el uso compartido del edificio o la suspensión de la orden de desalojo. La misma que ahora ha frenado el juzgado. Al menos, de momento. Continuará.