La Invisible gana tiempo en su lucha por mantener su actividad en el edificio de la calle Nosquera. El juzgado de lo contencioso-administrativo ha denegado la solicitud del Ayuntamiento para entrar en el edificio y ejecutar el desalojo mientras no se resuelva la medida ... cautelar de suspensión solicitada por la Casa. En términos efectivos, se traduce en una paralización temporal del desahucio que deja de nuevo en manos del alcalde de Málaga el próximo paso a dar.
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Los colectivos que impulsan el centro cultural y ciudadano alegaron en su solicitud una “urgencia no acreditada por los informes técnicos” y recordaron que continuaba pendiente de resolución el recurso presentado para frenar el anterior intento de desalojo en 2018. En aquella ocasión, Ayuntamiento y Casa Invisible acordaron adoptar esta medida judicial para parar el expediente, retomar los contactos y avanzar en la cesión temporal del edificio, algo que ha permanecido congelado durante tres años. Cuando se retomó el procedimiento el pasado octubre a iniciativa de Ciudadanos fue para lo contrario: para reactivar la salida de los colectivos que habitan la Invisible.
Si el juez estima la medida cautelar, todo quedará de nuevo en 'impasse' hasta que se resuelva definitivamente el recurso de reposición contra el desalojo del 30 de agosto de 2018. Si la desestima, el Ayuntamiento de Málaga deberá solicitar una nueva orden al juez si mantiene su intención de desocupar por la fuerza el inmueble. “O puede retomar las negociaciones con nosotros”, apostilla Amanda Romero, de La Invisible, que llama a Francisco de la Torre al diálogo. “Siempre hemos apostado por no judicializar esta situación porque entendemos que se basa en decisiones políticas”, indica Romero.
El Ayuntamiento, por su parte, acata la decisión judicial y confía en una pronta respuesta al recurso pendiente. El concejal de Urbanismo, Raúl López, argumenta que se optó por la vía de urgencia ante la “indefinición temporal” sobre la conclusión de este proceso (abierto desde hace casi cuatro años) y ante los informes que aconsejaban no dilatar la rehabilitación del inmueble. “Hemos llevado las actuaciones hasta el final de lo que nos permite la ley. Ya no somos responsables de lo que allí ocurra, ellos sí lo serán. (...) Ya nadie puede mirar al Ayuntamiento porque no se actúa”, declara López.
Para La Invisible, que el pasado 7 de mayo volvió a salir a la calle con una protesta pacífica y festiva, esta medida es una “victoria” que les ofrece un respiro. Pero solo de momento. La cuestión de fondo, el marco jurídico en el que pueda ubicarse la Casa, sigue sin resolverse quince años después de la ocupación del céntrico edificio y una vez transcurridos once años desde que el Ayuntamiento aprobara la cesión temporal (que después no renovaría). Y, mientras tanto, la centenaria casa sigue demandando una rehabilitación integral que garantice su conservación. La actividad pública de libre concurrencia está limitada al patio y no hay suministro de agua, se abastecen con el agua que ellos mismos compran.
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La manera de acometer esa necesaria rehabilitación es otro punto de divergencia entre el propietario y sus 'habitantes': mientras el Ayuntamiento defiende la necesidad de vaciar el lugar para acometer las obras (y sacar a concurso público el inmueble ya arreglado), La Invisible apuesta en el proyecto arquitectónico presentado al alcalde en 2016 por una reforma mínimamente invasiva y por fases que no obligue a abandonar el edificio. El pasado mes de abril ofrecieron incluso una opción para su financiación: vincular la restauración a la producción de un documental, impulsado por los artistas Libia & Ólafur que optaría a fondos europeos con el aval del Reina Sofía y el Van Abbe de Holanda.
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