La Invisible desafía al Ayuntamiento de Málaga y se mantiene «abierta», aunque llama al diálogo

Esta ausencia de actividades en el patio se mantendrá hasta el próximo 3 de febrero, fecha en la que La Invisible ha convocado una manifestación de apoyo que partirá desde la sede en calle Nosquera y acabará «en la puerta del Ayuntamiento para reclamarle al alcalde que abandone esta vía de hostigamiento burocrático ignorante de sus propias decisiones y de los cumplimientos de todos los requerimientos legales, arquitectónicos y culturales que nos han exigido hasta ahora», ha señalado el representante, rodeado de carteles y cintas que decían «espacio censurado».

Tras las dos negativas judiciales al desalojo de 2022 y a la espera de la resolución del contencioso que mantienen los miembros de la Casa Invisible con el Consistorio como propietario del inmueble, la abogada del colectivo, Amanda Romero, ha asegurado que «creíamos que el Ayuntamiento iba a esperar al dictado de esa sentencia, pero para nuestra sorpresa nos encontramos que en el mes de noviembre levantan un acta de infracción» por una actividad en el patio que es la que finalmente ha derivado en la orden de cese de actividad tanto de eventos como del bar al carecer de licencia.

En este sentido, la letrada ha denunciado la paradoja que supone que el propio Ayuntamiento les obligue a desarrollar una programación cultural para formalizar la cesión de este espacio, pero después les niega la licencia para celebrar las mismas. Además, ha respondido que el bar no es un negocio de hostelería, ya que la realizan voluntarios y los ingresos se usan para financiar las actividades. A eso se une la orden municipal de clausura del patio de la Invisible, un dictamen que Romero ha atacado al poner en duda su legalidad: «Se acordó el cierre sin plazo para alegaciones por lo que es nulo. El Ayuntamiento ni siquiera respeta sus plazos legales y por eso hablamos de autoritarismo».

Precisamente, la portavoz del equipo de gobierno municipal y edil de Comercio, Elisa Pérez de Siles, ha contestado hoy a los miembros de La Invisible y ha defendido la gestión del Ayuntamiento al afirmar que «aplicamos la ordenanza por igual a cualquier tipo de establecimiento«. »Estamos hablando de un plan de inspección que compete, lógicamente, a las obligaciones del Área de Comercio y Vía Pública«, ha explicado la concejala sobre la participación directa de su departamento en este conflicto, a la vez que ha subrayado la »voluntad especial del Consistorio en el cumplimiento de este decreto« de cierre del inmueble, ya que »la responsabilidad última es del Ayuntamiento como titular del emplazamiento«.

En este sentido, la abogada Amanda Romero ha cuestionado que sea la edil de Comercio la que lidera esta «campaña» cuando la competencia y su interlocución hasta ahora había sido con Cultura. «Las declaraciones de Pérez de Siles son por mandato del alcalde», ha acusado la representante legal, que ha añadido que «el pasado miércoles se personaron hasta 8 agentes para entregar una notificación que ya había sido notificada, por lo que esa medida solo obedece a que aprovechan para identificar a las personas» que acuden a la Invisible y a «generar esa atmósfera de intimidación y acoso para conseguir que la gente deje de venir». Por ello, se ha preguntado: «¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿A mandar a la Policía a la presentación de un libro?».

Para rebajar esta «escalada de tensión», La Invisible «va a seguir abriendo hasta la manifestación del día 3, pero vamos a parar las actividades de libre concurrencia para dar una oportunidad al diálogo» con el Ayuntamiento. «Siempre hemos defendido que la solución no es judicial, sino política», ha apostillado Amanda Romero. Un llamamiento al encuentro entre las partes que, no obstante, no parece en estos momentos muy cercano. De hecho, el colectivo ciudadano no oculta que ya piensa en el siguiente escenario. «Si esa vía no se abre, nos planteamos cualquier respuesta, incluida la desobediencia», han anunciado los miembros de la plataforma.