La Invisible y el Ayuntamiento de Málaga se enrocan en sus 'líneas rojas' pero mantienen abierto el diálogo

El mayor acercamiento se ha producido en el modelo para acometer la reforma del inmueble del XIX. Desde el Ayuntamiento empiezan a ver con buenos ojos la rehabilitación por fases que defiende La Invisible, «siempre y cuando los espacios de cada fase estén vacíos», apostilla el alcalde, acompañado de los concejales de Ordenación del Territorio, Vivienda y distrito Centro, Raúl López, Francisco Pomares y Francisco Cantos. De la Torre cree que esa fórmula sería además compatible con una división en vertical de los 1.800 metros cuadrados que ahora ocupa La Invisible, con dos puertas hacia Nosquera y otra directa al patio desde Andrés Pérez.

La aceptación de ese uso compartido del espacio es requisito 'sine qua non' para empezar a plantear la cesión de una parte a la Fundación de los Comunes, «en términos de una convivencia que vaya bien con quienes ocupen, desarrollen y tengan actividades culturales en el resto del edificio». Desde La Invisible no se cierran a compartir y se muestran dispuestos «a seguir profundizando» en ese aspecto, pero con condiciones: «Siempre que se preserve nuestro modelo de gestión ciudadana, que es abierto, participativo y de gestión horizontal. Y habrá que ver la vía judicial que puede garantizarlo». Exigen de este modo conservar plena autonomía sobre sus actividades, sin interferencias del Ayuntamiento.

No obstante, para La Invisible, cualquier negociación debe partir de la suspensión de la orden de desalojo. «No podemos confiar en una voluntad de llegar a un acuerdo si la mínima garantía que pedimos, que es suspender el procedimiento de autorización de entrada para desalojar, está sobre la mesa», declara la abogada Amanda Romero.

El Ayuntamiento se compromete, como ya hizo hace una semana, a no ejecutar la orden –ahora en la última fase de su tramitación judicial– mientras se mantenga el diálogo entre las partes, pero no tiene intención de pararlo en los juzgados. E insiste: «Los planteamientos de una posible cesión de una parte de este conjunto tiene que estar precedida de una plena disponibilidad por parte nuestra del edificio». Si existe esa disposición, si se acepta perder la exclusividad sobre el espacio y hay un esfuerzo compartido en la gestión de la financiación –a través de las ayudas que pueda recabar el proyecto de arte útil en el que trabaja La Invisible–, «no veo problema en la concesión».

Pero La Invisible no se va, al menos no de momento con lo que está sobre la mesa: «No podemos asumir el compromiso previo de desalojo sin avanzar en un proceso de negociación que realmente nos ofrezca garantías», defiende Romero, que acudió a la reunión con los arquitectos Kike España, José Manuel López Osorio (responsable del proyecto de rehabilitación) y Alicia Carrión; Libia Castro (Premio Nacional de Arte en Islandia, que lidera el proyecto de arte útil sobre La Invisible), el abogado Ildefonso Narváez y Paloma Esteban, también parte del colectivo.

Dieciséis años y cinco intentos de desalojo después, el intercambio de borradores acordado mantiene abierta la vía del diálogo para poner fin al limbo jurídico en el que se encuentra La Invisible desde hace ya más de una década, cuando más cerca estuvo de su regularización. En 2011, cuatro años después de la ocupación, las negociaciones con el alcalde desembocaron en un protocolo de intenciones para la cesión temporal del edificio, un acuerdo que un año después no se ratificó. Según el Ayuntamiento por incumplimientos. Según el colectivo, que constituyó en ese momento la Fundación de los Comunes, por falta de voluntad política. Desde entonces, su situación es de «cesión en precario».

En 2015, tras una nueva amenaza de desocupar el inmueble basada en su mal estado, se retomaron las conversaciones y se acordó presentar una propuesta de rehabilitación del inmueble, el ya conocido proyecto de rehabilitación por fases que sigue defendiendo La Invisible. Pero de ahí no se pasó. Volvía el silencio de las administraciones, mientras La Invisible seguía haciendo ruido en lo cultural. Dos polémicas actividades en su agenda motivaron la penúltima orden de desalojo del Ayuntamiento, a instancias de Ciudadanos, socios de investidura del alcalde, en 2018. El proceso fue frenado 'in extremis' por De la Torre en agosto de ese año, cuando se volvió a abrir una vía para la regularización del centro social y cultural. Pero aquello tampoco prosperó, las comunicaciones se cortaron, llegó la pandemia y en octubre de 2021, tras aprobarse una moción en el pleno municipal, se reactivó el expediente. Ese diciembre se notificó la orden de desocupar el inmueble de calle Nosquera, un proceso abierto hasta hoy.