La Invisible pide al Ayuntamiento de Málaga retomar el diálogo al «constatar» que el desalojo es una «decisión política»

La Casa Invisible ha puesto sobre la mesa los informes técnicos en los que el Ayuntamiento basa la orden de desalojo: «Y constatamos lo que ya intuíamos. Se demuestra que el Gobierno municipal miente alegando motivos técnicos inexistentes para justificar una decisión política», concluye Quique España. Lo argumentan con el informe jurídico del Servicio de Patrimonio Municipal en el que se indica que «la única novedad» que se ha producido en el procedimiento administrativo es la evaluación «negativa o desfavorable» de la concejalía de Cultura sobre las actividades de la Casa.

El expediente se acompaña además de un escrito del concejal de Urbanismo donde sustenta el interés público de la orden de desalojo en «la necesidad de tener la posesión del edificio para acometer una rehabilitación integral», un extremo que según alega la Invisible no parte de ninguna consideración técnica. «No existe ningún informe en el que se afirme que no pueda llevarse a cabo la obra por fases (...) El único informe en el que se trata de justificar el desalojo es el emitido por el mismo concejal Raúl López. No hay otra cosa. Es una decisión de índole política», resume el arquitecto Eduardo Serrano. Ante esta situación, añadió Amanda Romero, «solo queda retomar la senda del diálogo»: «Se abre la posibilidad de iniciar negociaciones que permitan el inicio de la rehabilitación por fases».

El informe jurídico recuerda que hasta la fecha «los informes del Área de Cultura han sido favorables» y que fue la propia administración local la que declaró a la Fundación de los Comunes en el año 2016 «entidad de utilidad pública municipal». Como señala el documento, la Administración está en su derecho de cambiar de opinión: «Ahora bien, estos cambios deben hacerse de forma motivada y exhaustiva».

En su escrito, la concejala de Cultura Noelia Losada (Cs) deja clara su disconformidad con las actividades que se celebran en la Casa, en su opinión con un carácter más político que cultural. «Mientras que en el inicio, estas se podían incluir dentro del ámbito de la cultura más tradicional, abierta, popular y familiar, últimamente han ido desembocando en intervenciones políticas adornadas de música, charlas, conferencias, talleres, etc, pudiendo considerarse como una cooperativa de carácter sociopolítico». Añade que todos los eventos tienen «un enfoque de crítica hacia lo que denominan el modelo neoliberal» e incluyen «huelgas, asambleas, manifestaciones, charlas sociales y mesas redondas en donde los participantes y los temas son del ámbito sindical».

Losada remite a los desalojos de espacios similares en Madrid (como el Patio Maravillas y La Ingobernable) y ofrece cinco alternativas de uso de los edificios de calle Nosquera: como centro de estudios y eventos musicales de la Fundación Mirabal (en torno al constructor de pianos de origen malagueño), como sede institucional de la Academia de Ciencias de Málaga, sede de la fundación del diseñador gráfico Manuel Prieto y Málaga Diseño, sede de la Fundación Pérez Estrada y, por último, como una espacio para talleres culturales bajo el nombre de La Fábrica de Málaga. Málaga Medialab.

Por otro lado, Raúl López reproduce en su 'Justificación complementaria de las razones de interés público' los párrafos del informe del Servicio de Conservación donde se detalla la existencia de «forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incendios». Pero omite «deliberadamente» -denuncia La Invisible- las partes del informe donde se manifiesta que el estado de la casa «es muy similar al detectado en la última visita» en 2018 y que lo observado «no indica actuación ni ejecución de trabajos de emergencia (...) ya que las zonas que presentan algún riesgo se encuentran clausuradas por los técnicos del colectivo». «Solo cuatro de 105 salas», apostilla Romero.

Sí aconseja, como ha reiterado el concejal de Urbanismo en sus intervenciones, que dado la antigüedad del edificio, su estado y el valor patrimonial que posee «no se posponga durante más tiempo la rehabilitación integral de las edificaciones». Algo en lo que la Invisible está de acuerdo y refiere el proyecto de rehabilitación por fases entregado en 2016 al Ayuntamiento, con un presupuesto de un millón de euros. De parte municipal, sin embargo, no hay ninguna propuesta, tal y como recoge el informe jurídico: «No consta que durante este periodo de suspensión se haya avanzado en la redacción de proyecto municipal o dotación presupuestaria».

Ese mismo informe recomienda esperar a que se resuelva, presumiblemente pronto, el proceso judicial ya en marcha, el contencioso administrativo abierto por el recurso interpuesto en 2018 por la Invisible contra la denegación de uso del inmueble por parte del Ayuntamiento. «Van a ejecutar la orden de desalojo sin esperar a la resolución de esa cuestión judicial. Pero esta no es una cuestión judicial, es política. Apelamos a que se puede resolver por los cauces que corresponden», concluye Romero.

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