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La Casa Invisible se reivindica como un espacio «vital» en la cultura y en la sociedad malagueña ante la reactivación de su desalojo. Los colectivos que la 'habitan' enviaron este jueves al Ayuntamiento de Málaga un mensaje de resistencia tras la aprobación hace dos semanas ... en el pleno de la moción de Ciudadanos que pedía iniciar el expediente para 'desokupar' el edificio: «Vamos a defenderla llenándola de contenidos y de actividades». Una reacción que, avisaron, no será solo de puertas para adentro: «Vamos a salir a la calle, no os quepa ninguna duda», expresó Amanda Romero, portavoz de la Invisible, abriendo la puerta a una movilización ciudadana por la «cesión ya» del espacio.
Un centenar de personas, con representantes de una docena de colectivos ciudadanos, asistieron a la primera asamblea abierta que se celebra en su patio desde el inicio de la pandemia. El objetivo era rebatir los argumentos esgrimidos por el grupo que lidera Noelia Losada en su moción. El equipo de gestión de la Invisible defendió que la casa sigue viva; que aunque necesita de una rehabilitación integral, «es segura»; y que ciertamente es un «semillero» pero de cultura y movimientos sociales.
«La casa nunca ha estado cerrada a las actividades», insistieron. Únicamente, matizaron, se redujeron aforos y se paralizaron ciertos eventos, «como en todas partes», por la pandemia. La coordinadora de este área, Andrea Ramírez, detalló que en la actualidad hay en activo diez talleres, además de diferentes encuentros y reuniones periódicas de colectivos. Pero necesitan más. Los miembros de la Casa Invisible hicieron un llamamiento para que se sumen a la programación todos los colectivos o individuos que quieran desarrollar alguna actividad. «Lo que nos queda es seguir llenando de vida esto», añadió Florencio Cabellos, encargado del área financiera y de negociación. «Queremos que sea una lluvia de ideas o sugerencias para sacar cosas concretas tanto dentro de la casa como fuera», señaló Ramírez. El reto es «demostrar que en la casa hay cultura» y que el edificio de calle Nosquera es un «patrimonio común». «No sean tímidos en sus propuestas», pidieron.
Ese refuerzo de la participación será su «bandera de resistencia», especialmente cara a la fecha que se aproxima: en marzo de 2022 se cumplirán quince años desde que la casa fue 'okupada' en un acto de desobediencia civil. «Será el momento de legitimar lo que somos como Casa. Este es un maravilloso parque en medio de espacios de exclusión», resaltaron.
Porque, como manifestó Romero, «el camino se hace andando». «Se ha demostrado que este proyecto era posible hacerlo con medios propios y de manera autogestionada». Romero trazó un breve recorrido por los 14 años de vida de la Invisible para argumentar su «legitimidad jurídica» y reflejar los «incumplimiento» del Ayuntamiento. Recordó el acuerdo que se alcanzó en 2011 con el alcalde de Málaga para la cesión temporal del edificio durante un año, que derivó en una cesión en precario al no formalizarse los términos de la negociación «por parte del Ayuntamiento». Ese distanciamiento terminó en un desalojo en 2014 que fue respondido con una multitudinaria manifestación ciudadana.
Cuando se retoman los contactos, se exige la adecuación de la casa y la constitución de sus miembros en fundación (la Fundación de los Comunes). El colectivo presenta en 2016 un proyecto de rehabilitación integral del edificio en cuatro fases que hacen compatible la obra con el uso del espacio con un coste global de un millón de euros. Pero la situación de la Casa no se regulariza. En 2018, «nuevamente vuelve el silencio y la falta de respuestas a pesar de escritos e intentos». A través de diferentes 'crowdfunding', la Invisible ha recaudado más de 100.000 euros para su mantenimiento y reformas urgentes.
Reiteraron sus recelos a la intención del Consistorio de rehabilitar la Casa y sacar a concurso público su uso. Para Romero, se trata de una «manera encubierta de privatizar» el espacio otorgando su cesión por 75 años a un privado «como acostumbra el Ayuntamiento». La Invisible, apostilló, solo reclama una «cesión por diez años». Ante «la cuarta amenaza de desalojo», concluyó, «ahora es más fundamental que nunca abrir el espacio y hacerlo participativo».
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