Accidentada licitación en la Alcazaba: la plataforma de venta de entradas por Internet cambia de empresa contra pronóstico

El nuevo contrato para la 'ticketera' de la Alcazaba se lanzó el pasado verano para proveer la plataforma de venta de entradas, así como la puesta a disposición de cuatro terminales móviles PDA para la lectura de los billetes de los usuarios. La adjudicación, con duración para año y medio, se ofertó por un presupuesto máximo de 62.461 euros y al concurso se presentaron un total de siete empresas dispuestas a asumir este servicio telemático de la fortaleza medieval. La mejor posicionada desde un principio fue Spain Heritage Tours, la misma que hasta ahora había gestionado la asistencia en Internet. Y además con la máxima valoración: 100 puntos.

Así, tras la evaluación de los criterios económicos y de las acciones de promoción, la actual adjudicataria consiguió casi 28 puntos más que las dos inmediatas 'perseguidoras', Impronta Soluciones y Manantial de Ideas, que empataron con una calificación de 82,06 puntos. No obstante, la Unidad Técnica de Valoración apreció en Spain Heritage una presunta bajada temeraria en el cobro de su comisión por entrada, 0,13 euros, ya que este precio suponía el más bajo de todos los presentados, mientras que las valoraciones máximas subían a 0,30 euros en el caso de Eventim y 0,33 euros en la propuesta de Sicomoro Servicios Integrales.

Pese a esa baja anormal, la empresa Spain Heritage tuvo tres días para justificar su tarifa y presentó un informe detallado de costes que fue considerado «económicamente viable», por lo que finalmente fue propuesta por la Unidad de Valoración para la adjudicación final al obtener la mejor puntuación. Y cuando todo parecía que la empresa que presta el servicio actualmente seguiría con la venta de entradas de la Alcazaba y Gibralfaro, un último requisito administrativo cambió por completo el guion de esta licitación.

Todo el proceso quedaba pendiente de la entrega del certificado oficial ENS para servicios telemáticos que acredita el cifrado de la información en los dispositivos, el tratamiento seguro de los documentos, la protección de datos personales y el proceso de datos, entre otros. Un sello del que la empresa estaba en posesión, pero que no cumplía con todos los requisitos de este contrato.

De esta forma, Spain Heritage quedó eliminada del proceso, por lo que el Área de Cultura pasó a pedir los certificados ENS a las dos siguientes clasificadas, Impronta Soluciones y Manantial de Ideas, aunque solo la primera de ellas se ajustaba a los parámetros exigidos en esta licitación. De esta forma, la compañía madrileña, que en 2023 fue adquirida por la italiana Vivaticket, se ha hecho con la adjudicación final de la venta de entradas para la Alcazaba-Gibralfaro, que pasará a gestionar próximamente. En el caso de la ganadora final del contrato, su comisión por cada billete es de 0,20 euros (7 céntimos más que la primera clasificada, pero después descalificada).

La previsión es que la venta de tickets on line para el conjunto patrimonial siga en aumento ya que, con mucha diferencia, es el monumento más visitado de Málaga. Según los datos facilitados por el Área de Cultura del Ayuntamiento, el pasado año más de 2,4 millones de personas conocieron de cerca el palacio y el castillo, de los cuales un 9,2% accedieron con una entrada adquirida por Internet. La tarifa general de acceso es de 3,50 euros (uno de los dos espacios) o 5,50 euros (ticket completo), aunque también hay promociones y aperturas de puertas, como la del próximo Día de Andalucía en la que el acceso será gratuito toda la jornada.

El punto negro de la Alcazaba-Gibralfaro es que esa alta presión de visitas no se corresponde con la conservación del monumento, que tiene pendiente mejoras desde hace décadas. El pasado año se efectuaron algunas actuaciones urgentes y, a finales de 2024, la Junta de Andalucía aprobó un nuevo paquete de medidas propuestas por el Ayuntamiento para la restauración de ambos edificios de origen árabe. No obstante, la Consejería de Cultura aprovechaba para dar un tirón de orejas a la institución municipal, a la que instaba a redactar de una vez por todas el plan director que daría no solo un dictamen completo del estado de los edificios, sino una herramienta jurídica para una actuación más ágil en uno de los BIC más emblemáticos de la capital.