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El Ayuntamiento de Benalmádena ha dado luz verde al derribo de tres antiguos hoteles abandonados en segunda línea de playa. Se trata del antiguo complejo Los Pintores, compuesto por tres edificios y cerrado desde 2008, en plena crisis económica. Desde entonces hasta ahora nada se ... ha hecho en ninguno de los inmuebles, que acumulan un estado de deterioro considerable, de ahí que su actual propiedad solo considerase la posibilidad de su derribo.
Hace ya más de dos meses que el Ayuntamiento, tal y como confirmó su primera teniente de alcalde y concejal de Turismo, Presi Aguilera, dio luz verde a la operación de derribo. Aún así, desde la actual propiedad, el grupo inmobiliario Aliseda, aseguran que aún no hay prevista fecha para la demolición. Lo que sí reconocen es que en estos momentos se encuentran negociando con «potenciales compradores» interesados en los terrenos.
Hay que recordar que el complejo hotelero Los Tres Pintores ha estado muchos años en manos de una empresa inmersa en un concurso de acreedores. Fue hace unos meses cuando ese concurso se resolvió y los edificios y sus terrenos pasaron a ser propiedad de Aliseda, como dación en pago por la deuda que las anteriores sociedades propietarias mantenían con la actual. El objetivo con el que trabaja Aliseda desde entonces es «vender el suelo a promotores» interesados en la construcción residencial de lujo, según explicaron fuentes cercanas a la negociación.
Uno de los momentos más complicados de cuantos ha vivido el complejo hotelero Los Tres Pintores desde que fue abandonado, hace ahora 16 años, ocurrió en enero de 2022, cuando atendiendo a una orden judicial, interpuesta años antes por el propio Ayuntamiento de Benalmádena, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedieron al desalojo de una treintena de personas que residían en estos edificios, en evidentes condiciones de insalubridad.
Antes de llegar a ese punto, el Ayuntamiento había instado en repetidas ocasiones a la entonces entidad propietaria del complejo hotelero a realizar una actuación integral de limpieza y desratización, así como el cerramiento de las instalaciones, sin conseguir respuesta alguna. De ahí que se iniciara el proceso judicial. El anterior Gobierno municipal llegó incluso a cifrar en 60.000 euros el desembolso realizado por la Administración pública en tareas de limpieza y para llevar a cabo el cerramiento de los accesos.
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