El TSJA confirma la primera sentencia que anula una subasta en Mijas

Según informó el despacho encargado del asunto –Jurado Grana Abogados bajo la dirección de la letrada María Alonso Bermúdez de Castro– la sentencia declara que en el curso del expediente de recaudación «no se han verificado intentos de notificación eficaces con terceras personas designadas por los recurrentes ante la Administración y concluye la falta de diligencia de la Administración en la práctica de las notificaciones relativas al procedimiento de recaudación tributaria anulando la totalidad del procedimiento de apremio».

Según el relato de los afectados, el 19 de enero de 2015, «unos extraños intentaron ocupar por la fuerza la vivienda unos extranjeros no residentes», perforando las cerraduras y afirmando que se disponían a tomar posesión del inmueble por haberlo adquirido a través del Ayuntamiento. Fue en este momento cuando los propietarios tuvieron conocimiento de la existencia del expediente de apremio.

La vivienda, valorada en el expediente en 246.409,07 euros, fue adjudicada directamente a la mercantil demandada por un importe 80.025,00 euros por impago de una deuda cuyo principal no alcanzaba los cuatro mil euros. Además, los propietarios contaban con una cuenta bancaria a su nombre con saldo suficiente para atender dicha deuda y desconocían por completo la existencia del expediente de apremio.

Así, todas y cada una de las notificaciones que integran el expediente de apremio se dirigieron al domicilio del bien embargado y todas resultaron infructuosas por estar ausente el destinatario sin que la Administración hicera «absolutamente nada» en lo que a intentos de búsquedas de alternativas de comunicación se refiere, pese a existir información en los propios archivos municipales y en distintas administraciones públicas sobre el representante legal a quien dirigirse.

Bermúdez de Castro sostiene que la Administración siguió un procedimiento «muy cuidado donde aparentemente se cumple la ley», pero en el que siempre quedan resquicios legales que determinan la nulidad de la actuación administrativa. «El adquirente procedió con una celeridad inexplicable a la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad, con posterioridad a la interposición del recurso administrativo, tras haber sido decretada la suspensión cautelar en vía administrativa y en contra de lo decretado en dicha medida cautelar administrativa, ordenada y firmada por el órgano competente. Es sorprendente la inaudita diligencia y colaboración de la Administración y del adquirente en la inscripción registral», añade la abogada.

La letrada llama también la atención de que el propio adjudicatario de la vivienda en cuestión haya adquirido al menos otras cinco propiedades por la misma vía de adjudicación administrativa y a través del mismo Ayuntamiento de Mijas. No en vano, este asunto se ha repetido en varias ocasiones y con varias empresas en lo que se ha llamado el 'caso Subastas', y que en la causa penal aparecen como investigados el exalcalde y candidato del PP, Ángel Nozal; el tesorero municipal y el jefe de Recaudación, entre otros. La importancia de esta sentencia, la primera dictada en el ámbito contencioso-administrativo, entronca con la existencia de esta causa penal.

Los hechos investigados, que dieron lugar a varios expedientes judiciales, han sido acumulados a las actuaciones seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Fuengirola. De este modo, las irregularidades procedimentales denunciadas no se quedarían solo en el ámbito de este caso concreto sino que existen numerosos afectados por dichas presuntas actuaciones ilícitas cometidas por el Ayuntamiento de Mijas en el embargo y subasta de inmuebles por pequeñas deudas originadas por impago de impuestos locales, lo que ha dado lugar a que el Ministerio Fiscal incoe Diligencias penales.

Uno de los denunciantes insiste en la existencia de un colectivo cercano al poder municipal «que abusa de su posición de dominio y que viene usando torticeramente las normas administrativas para cometer fraudes», según recogió la Fiscalía, que trata de determinar si, «como consecuencia de pequeñas deudas originadas por el impago de impuestos locales, se han embargado inmuebles que después son vendidos a subasteros sin escrúpulos, con la connivencia de los regidores municipales».