Tras varios años de polémica, el Tribunal de Cuentas ha avalado la gestión del equipo de gobierno de Fuengirola en los tres convenios urbanísticos que fueron puestos en entredicho por Ciudadanos, y que fueron promovidos por diferentes ejecutivos locales entre los años 1996 y 2002. Concretamente, en este auto del Tribunal de Cuentas, que se firmó el pasado 23 de junio, la máxima entidad fiscalizadora del Estado determina que no se aprecia «menoscabo en los fondos públicos» en ninguno de los tres acuerdos urbanísticos.
En la denuncia que sus dos ediles de entonces presentaron en marzo de 2018, los representantes naranjas acusaron a los diferentes ejecutivos populares de «incumplimientos» en la ejecución de tres convenios urbanísticos, de los que supuestamente quedaron pendientes de liquidar unos saldos a favor del Ayuntamiento de 693.005,26 euros.
En este sentido, el Tribunal manifestó «la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable», puesto que «a la vista de la documentación aportada» por parte del equipo de Gobierno los puntos puestos en cuestión por Ciudadanos «quedan debidamente justificados».
"Esperaba que el señor Toro rectificara y admitiera públicamente que no estaba en lo cierto, así como del resultado de su denuncia. Pero no ha sido así. Ha quedado completamente acreditado que todas las compensaciones de los promotores se pagaron o se materializaron con obras de interés público cuyo valor, en algunos casos, sobrepasaba el estipulado en el convenio. Todas pasaron por Pleno o por Junta de Gobierno y contaban con todos los parabienes de Secretaría e Intervención", señaló la alcaldesa, Ana Mula.
Por otro lado, este fallo judicial se suma a la desestimación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la denuncia que varios partidos de la oposición interpusieron contra la alcaldesa por supuesta vulneración de derechos fundamentales.
En cuanto a la sentencia del TSJA, Mula puntualizó que se trata del pronunciamiento de este estamento judicial contra los recursos planteados por varios partidos de la oposición en relación a la denuncia que interpusieron, en el año 2017, contra ella misma por entender que había vulnerado sus derechos fundamentales como representantes públicos durante la celebración de un pleno extraordinario celebrado el 4 de enero del mismo año a petición de todos los grupos políticos de la oposición de entonces.
En este sentido, la alcaldesa indicó que se trata de dos decisiones judiciales que «avalan la solvencia y rigurosidad en la gestión» de los diferentes equipos de Gobierno del Partido Popular en Fuengirola. «El respeto a la ley y la seriedad guían nuestra forma de gestionar los recursos de todos los fuengiroleños», subrayó.
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