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Medio centenar de personas han participado en la concentración convocada por los vecinos afectados por un lanzamiento judicial decretado por el juzgado en el barrio ... de El Calvario de Torremolinos y que puede suponer el que se vean obligados a abandonar sus viviendas, a pesar de que llevan años pagando un alquiler. Son más de 120 torremolinenses que sufren las consecuencias de una situación originada por la quiebra de la promotora del bloque en el que tienen su casa, que, en un momento de dificultades económicas, lo puso a disposición de otras mercantiles para que, a su vez, los subarrendara. Al no reconocer el juzgado esta primera operación, tampoco entiende como válida la posterior y, por lo tanto, el procedimiento puesto en marcha para abonar las deudas, que implica los desahucios de los inmuebles para que las acreedoras de la constructora puedan disponer de estos y así recibir lo que se les debe, este dictamen afecta, legalmente, a los inquilinos actuales.
La protesta se ha desarrollado a las puertas del Ayuntamiento, con la presencia de la alcaldesa, Margarita del Cid, y gran parte del equipo de Gobierno y miembros de la Corporación Municipal, además de organizaciones como Stop Desahucios y Málaga para Vivir.
El acto llega en un momento de espera ante una posible solución, ya que la semana pasada, la Administración local y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), titular de 29 de los activos sobre los que pesa la orden de lanzamiento, llegaron al compromiso de revertir la cesión a un tercero de estos, que en principio iba a materializarse el próximo 22 de abril, después de haberse celebrado una puja para su venta. Para ello, la Sareb remitió un escrito al instructor del procedimiento para volver a ser la titular de estos bienes, como paso previo a que el Ayuntamiento facilite informes de vulnerabilidad de los inquilinos, para que, a su vez, esta sociedad luego pueda brindarles, un alquiler.
En cuanto a las otras 10 viviendas, que no fueron a parar a la Sareb, se estudian otras fórmulas legales. Uno de los portavoces de los afectados, José Luis Fuentes, reclama, en nombre de estos vecinos y vecinas que, directamente, el trámite judicial sea considerado nulo, al no haber tenido notificación los ocupantes de estos inmuebles del auto con el que comenzaban los desalojos. «Somos un grupo de familias que estamos a un tris del desahucio, sin tener culpa de nada», ha lamentado. Otra de las damnificadas, Yolanda Grela, cuyo inmueble ha sido adquirido por la responsable de una de las empresas vinculadas con la promotora que se dio en quiebra, ha reclamado: «Que lo investiguen, en lugar de echarnos a nosotros».
En este contexto, la alcaldesa, ha reclamado «un poco de esperanza» para la decena de vecinos que quedan fuera de la vía que se ha puesto en marcha de la mano de la Sareb y, en concreto, ha planteado a esta sociedad «un esfuerzo más», con la puesta a disposición de algunos de sus pisos, además de asegurar que, desde el Ayuntamiento, se estudiarán todas las medidas posibles para dar una respuesta a estas necesidades. Al respecto de esta posibilidad, desde la Sareb deja claro no puede hacerse cargo de la situación de las personas que no residen en sus viviendas, al no tener mandato legal para hacerlo; no obstante, desde la sociedad apuntan a una fórmula que consiste en la firma de convenios con los ayuntamientos, que se estudian llegado el caso, para la cesión de viviendas sociales, a cambio de un canon, para que sean puestas a disposición de las demandas municipales.
El problema de estos torremolinenses ha llegado al Congreso de la mano del PP, IU Andalucía y Vox y en un momento en el que la Sareb trabaja en el el traspaso de viviendas a la Entidad Publica Empresarial de Suelo, para la nueva empresa pública de la vivienda.
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