El TSJA suspende el Plan General de Torremolinos de 2020 al completo

Como ya ocurriera entonces, el motivo no es otro que la ausencia del documento de Evaluación Ambiental Estratégica, o lo que es lo mismo, la resolución de aprobación del PGOU por parte de la Junta de Andalucía, concretamente por parte de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga.

Hace justo un año, el Alto Tribunal andaluz suspendió de forma cautelar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos. La decisión se producía después de que Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria demandase al Ayuntamiento y a la promotora Intu, que pretendía construir este parque comercial y de ocio al norte del Palacio de Congresos. La empresa demandante consideraba que no se había tramitado de forma correcta la evaluación ambiental estratégica y reclamaba que prevalecieran «los intereses medioambientales sobre los urbanísticos». Tal como publicó SUR, la sociedad también sostenía que sus alegaciones no fueron incluidas en el expediente del plan y que éste carecía de la memoria económica que justificara cómo se iba a hacer frente a las expropiaciones necesarias para abrir los accesos previstos por el aumento de tráfico que en teoría generaría el proyecto de Intu.

Unos meses más tarde –en febrero de este año–, el TSJA rectificaba y levantaba parcialmente esta suspensión, dejando solo la parte de los terrenos de Intu dentro del plan anterior. La teniente de alcalde y titular de Urbanismo, Maribel Tocón (PSOE), dio a conocer entonces el auto del TSJA en el que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.

Sin embargo, la historia del PGOU de Torremolinos tenía preparada el penúltimo giro de guión, la suspensión definitiva de todo el plan por una cuestión técnica (la citada ausencia del documento de Evaluación Ambiental Estratégica) que no solo afecta a esta localidad costasoleña, sino que es un elemento que está tumbando los planes de varias localidades andaluzas, como el caso de Chiclana (Cádiz) o Benahavís, también en la Costa del Sol.

En el caso de este último (cuya resolución se hizo pública hace unas semanas), su alcalde, José Antonio Mena (PP) señaló que en su día desde la Junta de Andalucía se consideró que no era necesario el documento que ahora se considera imprescindible, un extremo en el que coincide con Tocón. El Tribunal, tras el estudio detallado de la legislación existente al respecto, concluye en ambos casos que la iniciación de la Evaluación Ambiental Estratégica se debe ubicar en la fase preliminar de borrador del instrumento de planeamiento, sin que pueda referirse a un momento posterior.

Tal como explican en la sentencia (al que este periódico ha tenido acceso), esta evaluación ambiental tiene como finalidad garantizar la incorporación de cuestiones ambientales, sociales, económicas y políticas en los procesos de planificación, programación y formulación de políticas, planes y programas, así como detectar oportunidades y riesgos ambientales, evaluar y comparar las alternativas de desarrollo, mientras que aún están en discusión y contribuir a la creación de contexto de desarrollo más adecuados a las futuras propuestas.

En declaraciones a SUR, Maribel Tocón confirmó que el Ayuntamiento estudia en estos días presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al no compartir la decisión del TSJA.