SUR gana una demanda por la que Fernández Montes le pedía 60.000 euros

SUR ha ganado la demanda interpuesta por Pedro Fernández Montes, exalcalde de Torremolinos, que solicitaba 60.000 euros en concepto de vulneración de derechos fundamentales por una serie de informaciones publicadas en 2016. La resolución judicial llega cinco años después de que Fernández Montes iniciase el procedimiento, que tuvo que repetirse a petición del demandante, y da la razón de manera íntegra a este periódico, como ya había hecho el Ministerio Fiscal. La jueza avala que SUR nunca atentó contra el honor de quien fuera presidente del Partido Popular en Torremolinos y defiende que se limitó a ejercer su labor periodística. La sentencia reitera que «queda acreditada la veracidad» de todas las informaciones publicadas por la cabecera del grupo Vocento y condena a Fernández Montes a pagar las costas del juicio.

El exalcalde de Torremolinos demandó a Prensa Malagueña, editora de SUR, y a Manolo Castillo, director del diario, por varias noticias publicadas entre octubre y noviembre de 2016 por el periodista Alberto Gómez, quien informó de que una auditoría externa había destapado decenas de irregularidades en el Ayuntamiento durante su mandato. El informe revelaba falta de control sobre facturas del exalcalde y su personal de confianza, ayudas ilegales y deudas millonarias sin reconocer. La dirección de SUR consideró que, en base al interés general y por la gravedad de los hechos señalados en la auditoría, la información debía abrir el periódico del 20 de octubre de 2016. En las semanas posteriores se sucedieron nuevas noticias sobre una segunda auditoría y sobre las múltiples reacciones de los grupos políticos en Torremolinos a estas informaciones.

Dos años después, en 2018, Fernández Montes interpuso su demanda, en la que solicitaba 30.000 euros a Prensa Malagueña y otros 30.000 euros a Manolo Castillo al entender que las noticias publicadas en 2016 atentaban contra su dignidad y honor. En una sentencia demoledora contra quien fuera alcalde de Torremolinos entre 1995 y 2015, la jueza determina que todas estas noticias «no vulneran el derecho al honor del demandante al presentar un evidente interés informativo por su relevancia pública y ser plenamente veraces en los términos exigidos por la jurisprudencia, sin contener ningún insulto».

El primer juicio se celebró en junio de 2019, con las declaraciones de Manolo Castillo y Alberto Gómez. La magistrada que llevaba el caso, sin embargo, tuvo que ser sustituida. El juzgado concedió entonces a ambas partes, demandante y demandados, la posibilidad de que la nueva jueza dictara sentencia en función de todo lo documentado y grabado en el juicio. Fernández Montes se opuso a esta opción y forzó la repetición de un nuevo juicio, esta vez en octubre de 2022 y de nuevo con las declaraciones de Castillo y Gómez. Meses después, el Ministerio Fiscal solicitó la desestimación íntegra de la demanda «al no haberse producido ninguna intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante». La Fiscalía alabó que SUR tratara la noticia «sin descuidar ninguna de sus aristas».

Ahora la titular del juzgado de primera instancia número 3 de Torremolinos considera acreditado que una auditoría recogió hasta 21 irregularidades detectadas entre 2011 y 2014 en el Ayuntamiento, bajo gobierno de Fernández Montes, entre ellas la constatación en el informe de que las órdenes de pago se establecían «según los criterios o discrecionalidad del propio alcalde o su personal de confianza».

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