La Policía investiga cobros de alquileres a familias desahuciadas en El Calvario de Torremolinos

«No se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias», deja claro su señoría, en un dictamen del pasado 8 de enero de 2024, contra el que no cabe recurso. Por lo tanto, las personas que residen en estos inmuebles, no tienen derecho a estar allí, a pesar de abonar la mensualidad.

A partir de ahí, la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, trata de averiguar si, como han denunciado ya varios de los afectados, tal y como han explicado a SUR fuentes del caso, desde la fecha en la que los contratos entre las alquiladoras de las viviendas y los inquilinos son invalidados, estas han continuado percibiendo la mensualidad. Una de las víctimas de este galimatías jurídico, de hecho, describe en su declaración ante los investigadores que, hasta el mes de mayo de 2024, cuando ya tuvo conocimiento de que el acuerdo con la firma a la que pagaba no era legal, desembolsó unos 2.000 euros; a esta suma hay que añadir unos 500 en concepto de comunidad que, en este caso, sí fue depositada durante todo el año. En otros casos, las cuantías son más elevadas.

Una vez que dejan de transferirse las cuotas a las arrendadoras, comienzan requerimientos de pago, a través de burofax, mensajes de texto y llamadas reiteradas, como relatan residentes.

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Igualmente, en los trasteros, que forman parte de la propiedad alquilada, aparecen carteles en los que se avisa de que van a cambiarse las cerraduras, por tener otros dueños. Fueron los policías nacionales los que, durante una de las reuniones de estas familias, se interesaron por lo ocurrido. Posteriormente, empiezan las denuncias, la primera, con fecha del pasado 27 de marzo, como explica uno de los abogados que asesora a las víctimas de este embrollo.

En paralelo al proceso de desahucios, hay negociaciones entre el Ayuntamiento y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que tiene que cobrar deudas que dejó la promotora, una vez que se obtenga dinero por la venta de los activos inmobiliarios, que, probablemente, permitan una salida para 29 de las 39 familias afectadas. A estas se les ofrecerá alquileres asequibles. Para ello, la Sareb remitió un escrito al instructor del procedimiento para volver a ser la titular de estos bienes, que ya habían pasado a manos de terceros, como paso previo a que el Ayuntamiento facilite informes de vulnerabilidad de los inquilinos, para que, a su vez, esta sociedad luego pueda brindarles, una alternativa.

Sin embargo, hay otras, cuyas viviendas, en algunos casos, fueron compradas por personas vinculadas a las explotadoras de los arriendos, tras ser subastadas para el pago del pufo, que todavía buscan una salida.

Los desahucios de estas familias de Torremolinos, del que se hizo eco SUR el pasado 8 de marzo, han cobrado una importante relevancia y el caso, además de ser abordado por el pleno de la Corporación Municipal, ha llegado al Congreso de los Diputados, a través de preguntas dirigidas al Gobierno, para conocer el margen de maniobra que tiene la Sareb, participada por el Estado, como heredera de las deudas generadas por la caída de la promotora y la posterior de la entidad que financió el proyecto, para evitar la salida de estos inquilinos.

Los residentes, con el respaldo de Málaga para Vivir, Stop Desahucios y los partidos con representación en la ciudad, llevaron su desesperación a la calle, en un acto convocado el pasado 3 de abril, a las puertas del Ayuntamiento. En esta protesta, uno de los portavoces de los afectados reclamó que, directamente, el trámite judicial que ha dado lugar a estos lanzamientos judiciales sea considerado nulo, al no haber tenido notificación los ocupantes de estos inmuebles del auto con el que comenzaban los desalojos.