Medio centenar de familias de Torremolinos están a las puertas de un desahucio

¿Qué ha ocurrido? Estos vecinos están en medio de un embrollo legal. «Nos sentimos estafados», resume María. Todo comienza con la construcción de un residencial, entre las calles Río Yeguas y Rodrigo. La promotora, que solicita para la obra, en 2005, una hipoteca, decide, en 2013, suscribir un contrato de arrendamiento con otras sociedades explotadoras. Estas, a su vez, subarriendan a los inquilinos sobre los que pesa una orden de lanzamiento de su domicilio, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos, el 8 de enero de 2024.

En el momento en el que la compañía que levanta el inmueble llega a un acuerdo con las otras mercantiles, según recoge la misma disposición judicial, «atraviesa notables dificultades económicas»; aunque, a pesar de ello, entiende su señoría en el escrito, las mercantiles que se dedican al alquiler no le abonan contraprestación alguna; por ello, todo apunta, como queda recogido en el dictamen judicial, que el objeto de esta relación lo que busca es dificultar a la entidad financiera que ha concedido el préstamo a la promotora que pueda cobrarlo y, por lo tanto, «no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias.

«Debe concluirse que los ocupantes de las fincas litigiosas, respecto a las que se ejercita acción hipotecaria, se halla en posesión de las mismas sin título bastante. Frente a la presente resolución judicial no cabe recurso alguno», apuntala el auto.

José Luis, otro de los que se ha visto envuelto en este galimatías, explica, en nombre de sus vecinos, que no fue hasta agosto pasado, cuando, a través de otra vecina que sí estaba personada, tienen acceso al auto de lanzamiento. «Dice el que se notifique a los terceros ocupantes, que somos nosotros, y no lo hacen», sostiene, convencido de que ello supone un fallo procedimental. Dimitri, en una situación similar, lamenta que, en este tiempo transcurrido, se han llegado a vender trasteros, que los residentes tenían alquilados, y en los que hay carteles en los que les avisan que tienen otros dueños y que van a cambiar las cerraduras.

Juan Ricardo Ruiz Rey es el abogado de Yolanda, una mujer que ha visto como la vivienda que había alquilado ha cambiado de propietarios y que lo abonado no le da derecho a estar en su casa. «Está en una situación de vulnerabilidad extrema, hospitalizada, por lo que hay que buscar una fórmula para que permanezca en su domicilio», adelanta. El letrado argumenta que el problema que afecta a Yolanda no es exclusivo de estas viviendas de Torremolinos, pues, asegura, ya se han dado casos similares en otros municipios de la Costa del Sol. Por ello, y a pesar de no representarlos, sí ha ofrecido asesoramiento a otros perjudicados de forma gratuita, algunos, familias con hijos. Ángela Rodríguez, responsable de una de las sociedades que subarrendó las viviendas, considera que los vecinos sí estaban avisados de lo que podía ocurrir y que tenían la opción, por ejemplo, de adquirir los pisos subastados. Además, defiende que las explotadoras de inmuebles también son «víctimas».

Otro de los abogados que está pendiente del caso es Miguel Ángel Peinado. Ha tratado, en vano, que su clienta, María, pudiera mantener el alquiler que tenía firmado, antes de la intervención judicial, con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El conocido como 'banco malo' también está en esta complicada historia, pues se ha hecho cargo de la deuda generada por la promotora con la entidad bancaria que, en su momento, le dio financiación. Esto no solo le sucede a esta vecina, puesto que, indica Peinado, hay una treintena de familias con una casuística similar.

Sareb aclara que, al realizarse la subasta de activos, hubo otro adjudicatario, al pujar más alto, con lo que próximamente el juez le otorgará las viviendas, mientras que la sociedad recibirá el dinero, que irá a las arcas del Estado, como pago de deuda pública. En los casos en los que no hay más ofertas, las viviendas sí van directamente a la Sareb y pueden estudiarse otras salidas, en beneficio de los moradores, apuntan desde la sociedad pública.