Las cuarenta familias del barrio de El Calvario sobre las que pesa un desahucio buscan un alquiler social

El motivo es que están en medio de un pleito, originado por la quiebra de la promotora del edificio en el que residen que, en un momento de dificultades económicas, lo puso a disposición de otras mercantiles para que, a su vez, subarrendaran sus pisos.

Al no reconocer el juzgado esta primera operación, tampoco entiende como válida la derivada y, por lo tanto, al decretar una orden de lanzamiento para que las acreedoras de la constructora reciban lo que se les debe, este dictamen afecta, legalmente, a los inquilinos. Ante este galimatías, los afectados se revuelven para encontrar una salida, como explica el abogado Juan Ricardo Ruiz Rey. «Buscamos algún alquiler social o alguna otra alternativa; al margen de esto, vamos a tratar de interponer incidentes de nulidad ante los desalojos», precisa.

El letrado apunta a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), puesto que, tras la caída de la entidad que prestó el dinero a la empresa que levantó las viviendas de estos torremolinenses, a este organismo corresponde el cobro del pufo que generó.

«En el bloque tenemos dos situaciones: hay pisos que ya tienen nuevos dueños y otros fueron subastados, pero la puja quedó desierta y pasarán a la Sareb. Hay un mes para saber si se decide a especular con fondos buitre, para que nuestros hogares terminen como apartamentos turísticos, o evita que se vayan a la calle personas vulnerables y familias con niños», apostilla María Jimena.

La Sareb, por su parte, indica que sí hubo traspaso de activos, al ofertar otro interesado más dinero por el lote de viviendas en concurso, con lo que, próximamente, estos bienes cambiarán de manos y la sociedad recibirá el dinero. Este irá a las arcas del Estado, en concepto de pago de deuda pública, pero no las propiedades.

Por otro lado, en el grupo de los que no pueden apelar a Sareb, está, por ejemplo, Yolanda, aclara Ruiz Rey, que la representa, que tiene que tratar de llegar a un acuerdo para no quedarse sin techo con la nueva dueña de su casa que, como apostilla este, está vinculada, a su vez, con las sociedades que anteriormente le habían alquilado el piso. «A mi representada le está costando la salud», avisa el abogado, que mira también el Ayuntamiento, como el resto de vecinos, para que aporte alguna solución.

Fuentes municipales explican que, tras tener constancia de lo que ocurre, los Servicios Sociales analizan si existen casos de vulnerabilidad, puesto que pueden ser motivo de paralización de lanzamientos judiciales, al tiempo que tratan de conocer, con exactitud, las circunstancias legales que rodean estos casos de desahucio.