La exterminadora de animales de Torremolinos, condenada de nuevo a dos años de cárcel

Alberto Gómez

Domingo, 16 de junio 2024, 00:24

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El caso de Parque Animal, la falsa protectora de Torremolinos que sacrificó de forma injustificada y cruel a cientos de perros y gatos, continúa su periplo judicial casi quince años después. La presidenta de la asociación, Carmen Marín, condenada en 2017 a tres años y nueve meses de prisión por delitos de maltrato animal y falsedad documental, ha vuelto a ser condenada, esta vez a dos años de cárcel y al pago de más de 300.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida.

La Audiencia Provincial de Málaga considera probado que Marín utilizó los fondos de la asociación Parque Animal, regados con dinero público, «con ánimo de ilícito beneficio y en ejecución de un plan preconcebido». Así, realizó pagos a unos grandes almacenes por importe de 104.384 euros para reformar y decorar la clínica de medicina estética de una de sus hijas en Los Álamos. También adquirió un coche por importe de 14.000 euros. Con cargo a la protectora, Marín realizó compras igualmente en un conocido supermercado, un servicio de alquiler de coches y una gran superficie para mayoristas.

La cuenta de Parque Animal sirvió además para que Marín y su familia pagaran veinte clases prácticas en una autoescuela, cuotas mensuales en un gimnasio y un sistema de seguridad para un domicilio particular. La sentencia, a la que este periódico ha tenido acceso, también considera probado que Marín pagó estancias en hoteles de lujo de Marbella, Lisboa, Salamanca, Nerja, Bilbao, Jerez de la Frontera, Marrakech, Boston y San Petesburgo. Todos estos gastos fueron cargados a las cuentas corrientes de la falsa protectora de animales de Torremolinos. Además, el auto sostiene que Marín realizó pagos en restaurantes por importes superiores a los 11.000 euros entre 2008 y 2010.

La sentencia recoge que también se produjeron disposiciones en efectivo y libramientos de cheques por valor de más de 80.000 euros y recuerda que Marín ocasionó un perjucio de más de 30.000 euros al Ayuntamiento de Torremolinos por el arrendamiento de la caseta del recinto ferial que el Consistorio cedió a la protectora mediante un contrato de concesión de cincuenta años cuando era alcalde Pedro Fernández Montes.

La falsa protectora presidida por Marín ejecutaba el sacrificio de los animales pese a que las personas que entregaban a estos perros y gatos «lo hacían intentando protegerlos» y efectuaban pagos, normalmente de unos 60 euros por animal, para ello. Un auto anterior destapó que Marín también utilizó los fondos de la asociación, que recibió decenas de miles de euros del Ayuntamiento de Torremolinos en concepto de subvenciones e incineración de animales, para adaptar el ascensor de uno de los edificios de los que es propietaria.

La Audiencia Provincial ha aplicado un atenuante por la dilación del proceso judicial, que se ha alargado durante casi quince años. La sentencia recuerda que el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable». Esta dilación ha provocado que otros delitos, como aquellos por los que fueron investigadas sus hijas y su yerno, hayan prescrito, como denuncia la Asociación de Afectados por Parque Animal, presidida por Ana Fernández y que ha resultado clave en la acusación contra Marín.

Esta nueva sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, de modo que se desconoce si Marín, que permaneció en prisión durante más de dos años y además alega problemas de salud, volverá a entrar en la cárcel.

La primera sentencia en su contra, por maltrato animal, fue histórica en España. El auto recogía que los sacrificios se realizaban «sin control veterinario alguno», a través de la inyección de producto eutanásico «sin sedación previa, por vías inadecuadas» (intramuscular en vez de intravenosa) y en dosis más bajas de las recomendadas, algo que provocaba «una dolorosa y prolongada» agonía a los animales.

Pero la mayor parte de aquella primera pena de cárcel, dos años y nueve meses, correspondía al delito de falsedad documental, ya que los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios, fueron «manipulados» para incluir la participación de veterinarios «que nunca habían intervenido» en los sacrificios. Según la sentencia, estas «auténticas sesiones de exterminio», como las definió el Ministerio Fiscal, «no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud de los animales o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados», sino que tenían una finalidad «lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos animales, cobrando por ello».